A la semana de llegar Valeriano Gómez al Ministerio de Trabajo, empezó a hacer declaraciones sobre la conveniencia de prorrogar el subsidio de desempleo más allá de febrero para no dejar desprotegidos a los parados que habían agotado su prestación. A Economía le faltó tiempo para decir que esa medida estaba supeditada a que hubiera fondos. Estaba claro que no los había, pero el ministro siguió insistiendo en que no estaba el panorama como para dejarlos sin nada.
José Luis Rodríguez Zapatero, como quien no quiere la cosa, ha colado esta medida en una respuesta parlamentaria a propósito de las ayudas a PYMES y autónomos. La supresión definitiva del subsidio ni siquiera ha sido anunciada con valentía sino que ha venido disfrazada de mera consecuencia. Doblamos la plantilla de orientadores de los servicios públicos de empleo, descartamos la ayuda y aquí paz y después gloria.
No sé si muchos de los parados han visto la cara alguna vez a alguno de los 1.500 orientadores de empleo que están trabajando desde agosto de 2008. A partir de febrero será algo más probable conocer a alguno porque serán 3.000. La cuenta es que salen a 1.500 parados por cabeza.
La conveniencia de vincular la prestación con la obligación de buscar empleo y formación no se discute. Faltan análisis serios sobre los sectores que buscan trabajadores y no los encuentran. Sobre qué profesionales tienen que olvidarse de su especialidad y buscar otra en la que ganarse la vida. Y sobre qué cursos pueden ofrecer esa formación y con cuánto dinero van a subvencionarse.
Cuesta creer que haya muchos dispuestos a despreciar un puesto de trabajo a cambio de cobrar 426 euros sin moverse de casa. Alguno habrá. Pero el principal problema es que no hay trabajo, no que los parados de larga duración estén felizmente tumbados en el sofá pensando que Dios proveerá. Pero el Gobierno decide liquidar esa medida como si estuviera claro que en febrero es cuando se empieza a crear empleo a toda máquina.
Luz Sanchis