El peso de la deuda, dice con razón el economista francés Daniel Cohen, es hoy el criterio de solvencia de los países y está sometido, además, a eso que llaman profecías que se autorealizan: las dudas sobre la deuda hacen subir los intereses de la misma, los intereses elevados aumentan la deuda, el aumento de la deuda incrementa las dudas y la desconfianza… En España la deuda pública (dejando a un lado la extravagante deuda privada que padecemos) es cada vez más elevada, por encima del 60% del PIB, con intereses al alza y con el peligro de ser rebajada en su calificación por las agencias (como este miércoles adelantaba Moody’s) y el consiguiente incremento del coste.
Una cosa es, por tanto, la confianza genérica que la economía española y la política económica del Gobierno puedan generar con más transparencia y más reformas y otra, cada vez más urgente, es la reducción de la deuda o, al menos, su contención para no tener que seguir acudiendo masivamente a los mercados en condiciones deplorables. El que el Banco Central Europeo se anime a adquirirla, tratando así de evitar el aumento de los intereses, no evita que sea necesario reducirla. Y la necesidad de reducirla implica, lógicamente, la minoración del gasto público.
El Gobierno, que es consciente de estas urgencias, va a trancas y barrancas, reduce el gasto más por imperativo europeo que como consecuencia de una política rigurosa, lo hace de manera discutible y, sin duda, en menos importe que el debido. Teme las consecuencias de los dispendios y también las de los ajustes en la opinión pública después de tantos años de desplegar una retórica contraria a lo que ahora debe hacer. Faltan reformas y faltan ajustes, por muy dolorosos que sean. La paradoja es que el principal partido de la oposición parece más interesado en diseñar la caída del Gobierno que un plan coherente alternativo. En la sesión de control de este miércoles, no hizo otra cosa que insistir en los recortes como si afectaran a “derechos sociales” (una cosa son recortes sociales y otra de “derechos sociales”) en una imitación sorprendente del vocabulario de Rodríguez Zapatero hasta este pasado mes de mayo. Es cierto que así se mina la credibilidad del Gobierno y que, lógicamente, se podría recortar en otras partidas y no en las que han sido elegidas en estos últimos meses. Pero esas partidas están en la desgraciada estructura de nuestras administraciones y en el replanteamiento del papel de las comunidades autónomas y, por ello, no deja de llamar la atención que, al mismo tiempo que se discutan unos recortes, sean los populares los que, en un altísimo porcentaje (porque gobiernan en muchas regiones), digan que los ejecutivos y las administraciones autonómicas ya han hecho sus deberes.
Así no hay manera. El peligro de esta estrategia del PP es pasarse y, queriendo mostrar la inutilidad de Rodríguez Zapatero, termine convirtiéndolo en un mártir.
Germán Yanke