El Estado de alarma en España está garantizado hasta el 15 de enero. Pendiente de aprobación en el Congreso el próximo jueves, el Gobierno cuenta con apoyos suficientes para llevarlo a cabo. Con las navidades tranquilas de por medio, Fomento suma así cuatro semanas más para buscar salidas al conflicto laboral con los controladores. El colectivo no montará más sabotajes y en el acuerdo que tendrá que cerrar José Blanco se regularán al fin sus privilegios.
Las cifras que ha hecho públicas el ministerio son reveladoras. La mitad de los 2.432 controladores ha ganado más de 270.000 euros al año; otros 185 llegaron a los 450.000 y más del 90 por ciento superaron los 100.000 euros. Por comparar sueldos de funcionarios con responsabilidad, riesgos y peligrosidad, un teniente coronel en el Pais Vasco no llega a los 50.000. Los 730 millones de euros de masa salarial en 2009 cambiará en 2010, el decreto de febrero reduce su masa salarial un 40 por ciento.
Privilegios aparte, los sindicatos mayoritarios, muy duros con la huelga encubierta y la actitud de los controladores, ven en el decreto-ley que desencadenó el conflicto varios aspectos legales de difícil encaje. Y temen que, una vez concluya la primera militarización de un colectivo en democracia, salgamos del tránsito con un precedente que utilicen en otras negociaciones laborales. De hecho, en el mismo texto, a los recortes se une la privatización de trece aeropuertos españoles con efecto rebote a otros empleos al margen de las torres de control.
Un informe jurídico encargado a uno de los principales bufetes laboristas de España, de momento sin difundir, desgrana un argumentario que justificará las protestas sindicales previstas para después de Navidad. Según los abogados laboristas, en la ley que se aplicará a los controladores, las baja por enfermedad o accidente, las horas sindicales y los permisos retribuidos (días libres, vacaciones…) no van a computar como jornada laboral. Significa, por tanto, que un trabajador (en este caso controlador) que se casa o acude al entierro de un familiar cercano, por poner dos ejemplos, tendrá que recuperar los días trabajando.
Ajustándose al decreto, ante una baja de seis meses por una operación grave o accidente laboral, ¿tendrán que cumplir a la vuelta el resto de las 1.670 horas de trabajo?. Esperanza Aguirre no es la única enemiga de las horas sindicales. Por decreto-ley, los representantes de los controladores con horas liberadas, tener que recuperarlas supone no tenerlas. El informe es tajante, no ha ocurrido antes y al aplicar estas normas a un colectivo –clasista, corporativo, con condiciones lacerantes sobre el resto – se firma una máxima: “La ruptura de la universalidad da pie para que en otro momento, otro Gobierno, pueda limitar los mismos derechos para otros trabajadores”.
La barbarie de los controladores no certifica el acierto del Gobierno. La excepcionalidad anunciada por Rubalcaba debe ir acompañada de una explicación más amplia que el hecho de no fiarse de un colectivo. Porque al 15 de enero seguirá el 16. ¿Cuál es su plan si llegan a esa fecha sin cerrar un acuerdo? Hasta ahora sólo anuncian que aplicarán nuevas medidas sobre la negociación colectiva, pero ¿cuáles?
Si no encuentra una solución rápida y eficaz, al Gobierno se le podría volver en contra la aceptación unánime de la ciudadanía del Estado de alarma. Y si la salida pasa por decisiones sin justificar, bordeando la ley, sentará precedente. Para el 2011 quedan el cierre de la reforma laboral, las pensiones y tantas otras negociaciones sobre trabajo, la crisis, sus recortes. Todos los capítulos serán excepcionales. Por eso, ante un Gobierno que amplía su currículum en materia de decretazos, habrá que estar atentos y esperar que a la militarización de los controladores no le busquen sus símiles.
Pilar Velasco