Las operaciones policiales contra la explotación sexual irrumpen en la actualidad con una estructura similar en la que suele coincidir un número de detenidos y mujeres liberadas poco elevados. En la última conocida han caído ocho proxenetas y se salvan siete víctimas. En el relato particular del caso, varios albanases obligaban a jóvenes rumanas a prostituirse en las carreteras de Torrevieja y Orihuela. Las jóvenes llegaban a España, convencidas por compatriotas suyos en Alicante, de un trabajo seguro en bares o servicios de limpieza. En Rumanía, otro enlace captaba a las mujeres. Entre los ocho se bastaban para convencerlas, traerlas, encerrarlas en un piso de alquiler, quitarles la documentación y obligarlas a venderse durante horas en las cunetas alicantinas. La red movió hasta veinte mujeres y en el mercadeo medieval, los detalles más abruptos; el intercambio de un cochazo a cambio de una de ellas, en plena Europa, en pleno 2010. Los delincuentes estaban fichados porque antes de esclavizar mujeres asaltaban viviendas, “pero el cambio de negocio les daba más dinero”, explica un agente judicial. Y lo que puede parecer una buena notica, que lo es, alumbra la existencia de un tipo de explotación humana y unas mafias que la legislación, el Gobierno y la presión ciudadana no terminan de condenar y destapar del todo.
La misma policía denuncia, ley en mano, la dificultad que tienen para perseguir a estas redes organizadas. Uno de los últimos informes de la Guardia Civil, de uso interno y confidencial, avisa de que «detrás de muchos casos que no se llegan a denunciar se ocultan auténticas situaciones de explotación sexual». Y sin la denuncia de una víctima, no hay persecución del delito. En el diagnóstico de los máximos responsables policiales está la cruda realidad de los hechos. “El número de casos denunciados no reflejan la verdadera dimensión del tráfico de mujeres o menores explotados sexualmente por las mafias en España”. Ahí es nada. Para las mujeres encerradas en pisos, sin papeles, extorsionadas y golpeadas, inmovilizadas por el pánico, a veces sin el idioma, que tienen que acudir a una comisaría y presentar denuncia, esta legislación es un oasis. Como si fuera un escrito de una ONG, la policía judicial reconoce que no lo hacen «por posibles represalias muy bien planeadas por la red delictiva: Temen a ser deportadas y la mayoría se encuentran bajo la amenaza de muerte, al igual que sus familias».
Frente a la inacción obligada de la policía a la espera de recibir denuncias, la responsabilidad colateral de los ciudadanos que acuden a locales de alterne. Según el informe, «el hecho de que existan cerca de un millar de establecimientos dedicados a la prostitución, en los que ‘trabajan’ decenas de miles de mujeres en condiciones de ‘precariedad laboral’ contrasta con que sólo 1 de cada 10 mujeres con las que ellos han mantenido contacto hayan denunciado». Y si no lo hacen ellas por miedo, mucho menos los usuarios, que entran en los prostíbulos y nunca notan nada, ni preguntan, ni perciben indicios o sospechas de que la mujer a quien pagan no ha elegido darles ese servicio. Esos hombres que acuden están entre nosotros. El sumario del caso Gürtel, y tantos otros, destila una rutina algo escalofriante y decenas de citas en locales de alterne por parte de empresarios, políticos, alcaldes, abogados. ¿Y qué garantías tienen consumar un servicio y no una violación forzada por el proxeneta? Ninguna. Como afirma la policía, «la falta de regulación de la actividad de alterne y prostitución, da lugar a malas interpretaciones que son aprovechadas por estas redes para llevar a cabo su actividad delictiva enmascarada en otros tipos de actividad, y cuyo fondo es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual». Al intento del cliente de no querer ser visto, se suma la ceguera del resto por no querer mirar, y así, entre unos y otros, parpadean las luces en los garitos de carretera.
El Gobierno se había comprometido a eliminar los anuncios de prostitución en la prensa antes de 2011, precisamente por la falta de garantías de que tras los contactos no existan redes. De momento, ahí siguen. Página 13, El Mundo, fecha 5 de enero. Japonesas de 19 años, servicios completos, metro San Bernardo. El País, página 10, Adriana. Jovencita, 15. No hay argumento sólido que justifique la información de comisiones ilegales en Nacional y obviar la publicidad, dos páginas después, de los servicios sexuales de posibles menores o adolescentes inmigrantes bajo extorsión. Sobre todo, cuando es la policía quien alerta de la dificultad de perseguir estos delitos. Como concluye el informe, la coacción a la prostitución, la corrupción de menores y el tráfico con fines sexuales «son un fenómeno cuya dimensión es difícil de evaluar» y «no hay quien se dedique a ello con la profundidad necesaria». Avanzamos tan despacio, que es imposible escurrir algo de culpa.
Pilar Velasco