En medio de la polémica sobre si el Estado debe recuperar competencias actualmente manos de las comunidades autónomas y restringir drásticamente su gasto, vamos conociendo diferentes ocurrencias de los políticos para sacar adelante “la cuenta de la abuela”. La penúltima procede del comedido, y admirado por propios y ajenos, Ramón Jáuregui, actual ministro de la Presidencia, que ha planteado a las Comunidades la “conveniencia o no de mantener las televisiones autonómicas”. Pues parece demasiado tarde plantear esa reflexión, sobre todo viniendo de él, que formó parte de varios gobiernos en el País Vasco y nunca se le escuchó decir nada parecido. Pero tras ese planteamiento hay mucho más trasfondo del que puede parecer a simple vista.
Bien es verdad que las cosas han cambiado sustancialmente desde los años en que nacieron las primeras cadenas regionales (TV3, EiTB, TVG y Canal Sur). Pero no es menos cierto que el espíritu con el que fueron alumbradas, tanto las citadas como las que siguieron a continuación (Canal Nou, Telemadrid y el resto hasta hoy) lo hicieron con la sana intención de vertebrar territorio, resaltar sus peculiaridades y fomentar, aquellas que la tienen, su lengua propia.
Las televisiones autonómicas han sido fundamentales en la construcción de las regiones y en el conocimiento, por parte de los ciudadanos, de sus respectivas instituciones públicas y privadas. Han llegado a donde no podían o no querían llegar, por rentabilidad económica y de audiencia, el resto de las generalistas.
Otra cosa es el uso, o abuso, que se haya hecho de ellas y la gestión que hayan sufrido. Con casi ninguna excepción, todas las televisiones autonómicas iniciaron su andadura a imagen y semejanza de la antigua TVE: sin reparar en gastos y al servicio del gobierno de turno. Ignoraron el contenido de sus estatutos basados en los principios de imparcialidad, pluralismo, rigor y servicio público, y se acomodaron a ser el NODO provinciano. Solo una autonómica se mantuvo durante muchos años independiente del poder, Telemadrid. Su actual sometimiento, sin embargo, le ha supuesto, no solo la pérdida de audiencia, sino de credibilidad, como al resto. Más en estos momentos en que la oferta televisiva es casi inabarcable.
El problema de las Comunidades Autónomas no es de sus televisiones. El problema es que las televisiones no pueden contar los problemas de las Comunidades Autónomas desde la independencia informativa, pues están sujetas a férreos controles y descarada manipulación desde sus Servicios Informativos. Se han convertido en aparatos de propaganda. Da igual de qué cadena hablemos y del signo político que sean los gobiernos de sus respectivas regiones.
No se trata de que las Comunidades decidan sobre el mantenimiento o no de las autonómicas, y no lo es porque detrás de cualquier decisión hay cientos de trabajadores ajenos a la nefasta gestión realizada hasta ahora. Una gestión en la que han primado los intereses partidistas y de gobierno (sin excepción) y en la que han olvidado los fundamentos para los que fueron creadas. Por eso no es de extrañar que algunos las consideren prescindibles.
De lo que se trata es de discernir sobre el modelo de televisión pública que realmente necesitan los ciudadanos, sin manipulación informativa, transparentes y verdaderamente útiles. El modelo actual de TVE, sin ser perfecto, puede ser un punto de partida.
De no ser así, es posible que Jáuregui tenga razón. Aunque las cadenas autonómicas no tengan la culpa de los desmanes de sus dirigentes.
Editorial Estrella