Ruiz Mateos irrumpe en el peor año del sistema financiero español con un nuevo capítulo de ‘Regreso al futuro’ que indigna pero no sorprende. A punto de celebrar el aniversario del 23-F, el desmoronamiento de Nueva Rumasa se ha colado en la actualidad con los mismos elementos – que no cifras – de los años ochenta; unos 10.000 puestos de trabajo en jaque, alrededor de 5.000 posibles inversores arruinados y un proceso judicial a la vista que pondría fin a las burbujas especulativas del magnate de Rumasa. Muchos de quienes nacimos en los años de la abeja amarilla asistimos atónitos a la campaña del segundo intento. ¿Sería capaz el pequeño inversor de caer en lo mismo? La publicidad a dos páginas reunía – y reúne – los rasgos más flagrantes de una inversión poco segura: la imagen del patrón que da trabajo; la saga familiar de los seis hijos; la selección clasista del club de los 50.000 euros – precio mínimo de un pagaré -; y el grupo perseguido que renace de sus cenizas. La abeja azul, el Renacimiento, como rezaba la etiqueta del brandy más caro del mercado que lanzaron tras la primera quiebra y la compra de Bodegas Garvey, traía el mismo zumbido, es decir, la misma trampa, veintiocho años más tarde. Vayamos pues del “lo sabíamos” al “qué pasa ahora”.
¿Tenemos información para evitar que se repita una Nueva Rumasa? Bien por ingenuidad o avaricia, es fácil detectar una inversión poco segura. Los pasos básicos, según reconocidas asociaciones de usuarios, son sencillos: contrastar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la entidad, si no lo hace, no hay por tanto control gubernamental ni garantías de recuperar la inversión; consultar las recomendaciones de la CNMV, el Banco de España y asociaciones de consumidores; informarse sobre el producto financiero y bajo qué condiciones se contrata; preguntar qué posibilidades hay de reclamar lo invertido.
El Gobierno, ¿podría hacer más? La responsabilidad del Estado termina en la CNMV, una entidad con sus limitaciones. En el caso de Nueva Rumasa, la empresa ha lanzado emisiones de más de 50.000 euros. Precisamente porque no cotizan en el mercado ni en bolsa, sólo puede moverse en el terreno de las recomendaciones y advertencias. En abril de 2010 el Gobierno forzó que la CNMV pudiera controlar las emisiones sujetas a campañas publicitarias. Nueva Rumasa, de nuevo en el límite de lo legal, dejó de publicitarse y se financió a través de emisiones de capital, como en el caso Clesa y Dhul. Elena Salgado ha sido muy clara. El Gobierno y la entidad reguladora no pueden hacer más. En palabras de la vicepresidenta, “se cambió la legislación y la CNMV dio hasta siete avisos a la población para que se informaran bien de las características de la emisión y los riesgos asociados”. El Estado puede intervenir en cuestiones que atentan contra el trabajador. En este caso de inversiones enloquecidas, abrir un fondo público para los acreedores no parece justo.
¿Podría volver algún Ruiz Mateos a la cárcel? Hay expertos que consideran que si se confirma que el grupo no destinó el dinero de las inversiones para lo que realmente anunciaban podría haber responsabilidad penal y abrirse una causa por publicidad engañosa. Por otro lado, los sindicatos quieren que se investiguen la política empresarial de la familia. El modus operandi de ofrecer pagarés con un importe nominal de 50.00 euros, a un interés del 10 por ciento, al tiempo que las deudas multiplicaban por cien los beneficios, ha puesto en peligro a diez empresas y el puesto de miles de trabajadores, según ambas centrales, unos tres mil, y estudian personarse en el procedimiento de negociación de la deuda.
¿Cobrarán los acreedores? Los expertos tienen dudas razonables. Nueva Rumasa, al acogerse a la Ley Concursal, se encuentra en un escalón previo a la suspensión de pagos. Esto no significa que la actividad de la empresa se paralice, pero tienen que llegar a acuerdos con los proveedores. Los expertos coinciden en una frase: “Ojalá sea verdad que Ruiz Mateos va a pagar”. Todavía no se sabe cuántos afectados hay y el hecho de que funcione en compartimentos estanco, con domiciliación en paraísos fiscales, hace más difícil saber qué cuentas tienen. El cobro de cada inversor dependerá de su contrato y cómo acudieran a la emisión de pagarés.
¿Y qué pueden hacer? En caso de abrirse un concurso de acreedores, los afectados deberían estar pendientes de en qué juzgado se instruye. La OCU recomienda a los pequeños y medianos inversores un buen abogado especialista en temas mercantiles. Como recuerda una portavoz, “los procedimientos concursales son largos y difíciles”.
Ruiz Mateos no camina ni se desploma sólo. En esta época de grandes quiebras su nombre seguiría al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o al caso de Martinsa. Al margen de las pasiones y prejuicios que despierte, el panorama empresarial de los próximos meses se mueve, sin corazón, hacia los grandes beneficios con despidos sin miramientos. Hay dos extremos: unos optan por los ERE y otros por la suspensión de pagos. Veremos qué modelo deja peores lecciones.
Pilar Velasco