Por el Pentágono circula una fórmula legal en caso de operación de Inteligencia que ha terminado por conocerse como «la práctica Gates», en honor a su autor, el Secretario de Defensa Bob Gates. Básicamente sostiene que si los Estados Unidos llevan a cabo una sensible misión de espionaje lejos de zona de guerra, el presidente debe tomar la decisión.
Puede parecer evidente, pero no siempre fue el caso. A principios de la década pasada, cuando el antecesor de Gates, Donald Rumsfeld, buscaba formas de perseguir a al-Qaeda, distribuyó una serie de decretos que concedían al ejército nuevos poderes en la guerra global contra el terrorismo. Estos «decretos ejecutivos», como se les conoce, permitían que en ocasiones puntuales los mandos militares aprobaran operaciones sensibles sin una valoración interagencias con la Casa Blanca.
Los decretos de la era Rumsfeld han vuelto a ser formulados en los últimos años, a instancias de Gates. La valoración fue iniciada por James Clapper, el antiguo subsecretario de defensa que ahora es director de Inteligencia nacional. Michael Vickers, sucesor de Clapper, está acabando la reformulación.
Esta valoración alinea todo decreto con las políticas de contraterrorismo de la administración Obama, lo que exige mayor investigación de las operaciones sensibles. El objetivo es garantizar que «la práctica Gates» es obedecida y que la Casa Blanca tiene la última palabra. Una columna previa destacaba parte de los excesos de 2001 a 2006, siendo Rumsfeld secretario de defensa.
Un alto funcionario de la defensa involucrado en el proceso resume el cambio de reglamento de esta forma: «Lo que el personal hubiera considerado sensato en la primera mitad de la década, no lo consideraba así en la segunda mitad».
Fíjese en el uso por parte del Pentágono de las Fuerzas Especiales lejos de zona de guerra, a través de un programa conocido como «Elementos de Enlace Militar». A los críticos les preocupaba que estos equipos se convirtieran en «bases alternativas de espionaje», destaca el funcionario de defensa. Ahora sus actividades han de estar totalmente coordinadas con el Departamento de Estado y la CIA.
Para favorecer la misión central del enlace con las fuerzas de operaciones especiales o SOF, los elementos de estos equipos de Enlace eran normalmente asignados en turnos estándar en lugar de destinos temporales a corto plazo. «El mayor beneficio es el diálogo con los efectivos SOF extranjeros», explica el funcionario de la defensa.
La CIA también hace uso de las Fuerzas Especiales, como en el caso de la incursión del día 2 de mayo en el recinto de Osama bin Laden. Los efectivos SEAL que llevaron a cabo la misión estaban «servidos al gusto de la CIA», como se denomina la práctica en ocasiones, de forma que pudieran operar bajo la autoridad del Capítulo 50 de la agencia, que permite a Estados Unidos llevar a cabo misiones «negables» lejos de zona de guerra.
Los efectivos de las Fuerzas Especiales también trabajan con la CIA en otras misiones de naturaleza sensible, que incluyen misiones colectivas que recaban pistas de Inteligencia en las fronteras de países extranjeros. Estos casos en los que personal militar queda al mando de la CIA se conocen en ocasiones como «operaciones de coordinación».
Los congresistas se han temido que las actividades clandestinas del ejército con la Inteligencia no estén sujetas al mismo mecanismo estricto que las «acciones encubiertas» de la CIA, que exigen de la notificación legislativa y del «conocimiento» presidencial. El Pentágono informa en su lugar a los comités de las fuerzas armadas, dejando a ciegas en ocasiones a los legisladores del comité de Inteligencia. «La gente pensaba: ‘Conozco la mitad de la historia'», señala el funcionario de defensa.
Esta inquietud legislativa afloró en la vista del 22 de marzo de 2007 del comité de Inteligencia del Senado sobre «Operaciones HUMINT clandestinas llevadas a cabo por el Departamento de Defensa» (jerga burocrática que significa «espionaje tradicional»). Según un informe del Pentágono no clasificado, el Senador John D. Rockefeller, secretario por entonces del comité, «puso en duda la veracidad de las ‘definiciones internas del Departamento de Defensa’ en cuanto a las actividades clandestinas y encubiertas, y afirmó que el Departamento de Defensa se niega a compartir los decretos y el resto de la documentación» con el comité de Inteligencia del Senado.
Durante los años Rumsfeld, «reinaba la opinión generalizada de que el Departamento de Defensa estaba llevando a cabo actividades que parecían y sonaban a actividades de espionaje, pero que llevaban otro nombre», apunta una fuente legislativa.
«La situación ha mejorado», continúa la fuente. Destaca que tras la incursión de bin Laden, los comités de Inteligencia y fuerzas armadas fueron informados conjuntamente por la CIA y los funcionarios del Pentágono. Y suscribe la iniciativa de Gates de volver a formular los decretos.
El proceso de coordinación entre la CIA y el ejército a menudo es informal. Siendo director en 2008 el General Mike Hayden, a veces llamaba al General Martin Dempsey, responsable del Estado Mayor en funciones por entonces, para clasificar las actividades que debían ser llevadas a cabo por el ejército dentro del Capítulo 10 y las que debían ser actividades «encubiertas» de la CIA bajo el Capítulo 50. (La principal diferencia legal es que una actividad «clandestina» del ejército, si bien secreta, no se puede negar en caso de salir a la luz).
Las operaciones de espionaje son turbias, hasta con el más claro de los reglamentos. La mejor garantía es probablemente la idea de la «práctica Gates» de hacer que el Presidente tome las decisiones de las operaciones que tienen, en la jerga de los expertos en espionaje, «importante potencial de revuelo». Cuanto más sensible sea la misión, más falta hace la aprobación del mandamás.
David Ignatius