Hubo un tiempo que las televisiones autonómicas tuvieron razón de ser. Especialmente, aquellas comunidades que tenían lenguas propias cooficiales con el español. Era una forma hermosa y eficaz de proteger, conservar y difundir esos idiomas. Servicio público en estado puro.
Después, como casi de todo, los políticos menores que mandaban en esas autonomías pervirtieron su origen y pusieron a dichas televisiones a su servicio. Así de fácil. Así de sencillo. Daba igual el partido que mandase. Las televisiones eran suyas y hacían y deshacían a su antojo. Para colocar a los suyos. Para hacer política desde ellas. Para manipular.
Más tarde, café para todos. Comunidades Autónomas, que no necesitaban en modo alguno una televisión propia ni tenían dinero para ello, viendo el chollo político, las pusieron en marcha. Al final, el dislate. Ya hay 13 televisiones autonómicas. Más de dos mil millones de euros en gastos inútiles.
Inútiles porque no hay dinero para sostenerlas y porque ya, ni siquiera las comunidades que tienen idioma cooficial, necesitan protegerlo. Cuando nacieron, ellos eran, prácticamente, los únicos medios que emitían en sus idiomas. Hoy, prácticamente, todos los medios privados emiten en esos idiomas.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque en ese gato hay todo tipo de intereses políticos y personales en juego.
La televisión catalana, TV3, cuesta al año 360 millones y tiene 2.700 empleados, siendo la televisión autonómica más cara de toda España en una comunidad que debe lo que no tiene. La andaluza, Canal Sur, que cuesta 239 millones de euros y tiene 1.680 empleados y más de lo mismo La televisión pública de la Comunidad Valenciana, Canal 9, tiene 1.800 trabajadores, una plantilla superior a Tele 5 y Antena 3 juntas. Acumula una deuda de 1.122 millones de euros y cuesta 180 millones al año. Y luego está la vasca y la gallega y la de Castilla La Mancha y la extremeña y la murciana y Telemadrid y Baleares y la canaria… Insisto, una locura insostenible.
Y si es insostenible y nadie se atreve a meterles mano, los partidos deberían incluir en sus programas, de cara a las elecciones generales, la derogación de la ley del tercer canal para que los españoles podamos elegir seguir con ella o no y, si elegimos derogación, que esos partidos se sientan arropados a la hora de cerrarlas. Porque ya vale de que ese dinero de las televisiones autonómicas salga del bolsillo de todos y cada uno de los españoles y sólo sirva para mayor gloria de sus caciques locales.
El que quiera televisión, que la pague. Incluídos, partidos políticos.
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Pinocchio