Y se dio el milagro. El gobierno agónico y la oposición de este país se han puesto de acuerdo para hacer algo. Y es, nada más y nada menos, que una reforma constitucional para limitar el déficit y los niveles de endeudamiento públicos nacionales, todo ello sujeto a determinadas hipótesis y limitaciones.
Se dice que arrepentidos los quiere Dios, pero no es que nuestro Presidente de Gobierno haya visto la luz y decidido proponer ese cambio, sino que su voluntad no es más que una imposición del BCE, y de la Unión Europea. Otra consideración merece, en este caso, el líder de la oposición D. Mariano Rajoy, quien ya propuso esta medida en el pasado pero que no mereció el beneplácito del partido gobernante. No cabe duda de que el BCE y Europa con bastante más persuasivos que D. Mariano Rajoy.
La verdad es que, en principio, una norma como la que se pretende, da una imagen de rigor y seriedad del país que la aprueba. Por ese lado y pensando en los efectos que puede producir en la percepción de nuestro país en el resto del mundo, es importante que llegue a buen puerto.
Ahora bien, al igual que cualquier otra ley, si no cala en nuestra idiosincrasia, si no se desarrolla, si no es compartida por todos, si no fluye, si no se ve como algo del más puro sentido común, como algo filosófico, simplemente pasará lo que siempre nos sucede, que pasaremos a tener una reglamentación muy avanzada pero que no penetrará en la sociedad.
Sociedad en la que últimamente no nos ocupamos demasiado del cumplimiento de muchas normas hasta que aparecen problemas serios, ya que parece que creamos que la mera existencia de las leyes garantiza su desarrollo y cumplimiento.
Y planteo esta cuestión porque, si bien la norma que se quiere introducir en la constitución tendrá efectos allá por el año 2018, que es cuando nuestra Ministra de Economía prevé que alcanzaremos el equilibrio presupuestario, también es cierto, que en caso de incumplimiento del nuevo precepto constitucional se entiende que el tribunal encargado de vigilar su cumplimiento será el Tribunal Constitucional y la verdad es que sólo pensarlo produce rubor y sudores fríos.
Creo que al hilo de esta puesta al día de nuestra Ley de Leyes se presenta una necesidad y una oportunidad de una reforma de calado de ese Tribunal, para que deje de ser una tribuna política y se transforme en lo que siempre debió ser, el supremo intérprete de nuestra Constitución sin colores políticos y sin ideologías.
Sin esta reforma, el cambio constitucional que ahora se plantea y otros que se puedan llevar a cabo en un futuro, pueden servir de bastante poco, ya que quedarían al albur de las presiones de los políticos de turno sobre los miembros del tribunal, que en el fondo representan a quien les ha propuesto para su nombramiento.
Aunque no haya existido un arrepentimiento real por parte de nuestro Presidente del Gobierno y su voluntad de modificar la constitución haya sido impuesta, podría animarse y plantear un acuerdo para solucionar, de una vez por todas, los problemas de este tribunal de marras y dejar así el círculo cerrado.
Quizá, al Sr. Zapatero, ahora que ha estado cerca del Papa, le haya surgido un arrepentimiento real y nos dé una sorpresa grata de última hora, aunque lo veo difícil.
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José Luis Martín Miralles