martes, noviembre 26, 2024
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El catalán y la Constitución

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Vivimos en un sin vivir a cuenta de problemas que no deberían serlo. Digo esto porque un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dicta que, además del catalán, también el castellano debe ser lengua vehicular en la enseñanza, ha destapado la caja de los truenos. Para los nacionalistas -con Artur Mas, presidente de la Generalidad, a la cabeza- se trata de un ataque al sistema de inmersión lingüística y llama a todas a las instituciones a defender la lengua catalana entendida como patrimonio centenario de Cataluña.

Para los constitucionalistas -Alicia Camacho, del PP; Albert Ribera, de Ciudadanos, o el propio Mariano Rajoy-, lo que tiene que hacer la «Generalitat» es cumplir la ley y procurar los medios para que se cumpla la sentencia puesto que el fallo judicial dice que «el castellano no puede quedar reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más».

No dice lo mismo el ministro de Justicia. Francisco Caamaño opina  que el auto afecta a los casos concretos de quienes han recurrido ante los tribunales, no al sistema de inmersión en general. Con este mismo enfoque hemos podido escuchar a Miguel Ángel Jimeno, presidente del TSJC, el tribunal que ha dictado el auto.

Así las cosas, y dado que Cataluña forma parte de España, uno se pregunta qué diría un visitante extranjero, alguien ajeno a las particularidades de esta infausta tierra nuestra de la que nunca se retira del todo la sombra de Caín, si cayera en sus manos un ejemplar de la Constitución y leyera que: «El español es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán, también, oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos» (Art 3.1 y 2).

Amén de no entender dónde reside el problema, supongo que llegaría a la conclusión de que aquí hay quien está metido en un proyecto político de identidades excluyentes ajenas a lo que dicta la Constitución. También concluiría que en esa deslealtad a la Constitución los nacionalistas periféricos no están solos.

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Fermín Bocos

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