El Día del Trabajo inaugura la liga de fútbol, la campaña de las primarias presidenciales y la temporada de alocuciones ostentosas sobre el paro — factores todos que compiten por la atención de la opinión pública en horario de máxima audiencia. El de las animadoras puede ser el más digno del lote, pero por lo menos hemos dejado atrás el deprimente debate estival de la deuda.
Si no fuera porque no lo hemos dejado atrás. El Presidente Obama evitó por los pelos otro conflicto por el techo de la deuda antes de las presidenciales aceptando lo que se ha venido en llamar «la espada» que pende sobre la cabeza de cada formación, una «bomba de neutrones» a punto de estallar, un «mecanismo suicida para forzar la administración pública», «una granada» con la espoleta activada. El súper-comité legislativo de reducción del déficit es evidentemente tan poderoso que ha suspendido la norma que impide la invocación en política de imágenes de violencia. Su existencia garantiza que el debate de la deuda volverá a consumir a la política estadounidense hacia finales de año — obligando tanto a Obama como a los congresistas Republicanos a tomar decisiones anticipadas que van a condicionar el resultado de las elecciones de 2012.
El súper-comité supone una segunda oportunidad de negociación que Obama y el presidente de la Cámara John Boehner estaban a punto de llevar a puerto en julio — mezcla de reforma de lo social y subidas de la recaudación pública que agitó a los partidistas de las dos formaciones. Ese acuerdo se derrumbó en el seno de las recriminaciones mutuas. Los congresistas de izquierdas minaron la posición de Obama al exigir subidas más sustanciales de la recaudación a cambio de la modificación de las pensiones. Los congresistas conservadores minaron a Boehner oponiéndose a cualquier propuesta de recaudación pública, incluyendo el cierre de las lagunas del régimen fiscal. Dentro de los mecanismos legislativos normales — que dan poder a los obstruccionistas — el acuerdo no se pudo alcanzar ni imponer.
Este desencuentro ideológico perdura. Pero la Ley de Control Presupuestario tramitada a principios del mes pasado ha alterado de forma dramática los mecanismos legislativos. La legislación eleva la penalización de la parálisis — al imponer recortes en todas las instancias a las prioridades de gasto conservadoras e izquierdistas en ausencia de acuerdo. También margina al margen ideológico. Las recomendaciones del comité conjunto están blindadas frente a enmiendas y vetos legislativos, logrando la consideración automática en la Cámara y el Senado hacia finales de año.
La Ley de Control Presupuestario es maniobra inteligente y grito de desesperación en la misma medida. Constituye un reconocimiento de que las tradiciones legislativas acumuladas de la Cámara y el Senado no son equivalentes frente a la situación de emergencia fiscal que actualmente amenaza a la calificación y la credibilidad del ejecutivo estadounidense. El Congreso se ha mostrado dispuesto con anterioridad a saltarse de forma sistemática sus mecanismos usuales. A la Comisión de Clausura y Realineamiento de las Bases Militares, por ejemplo, se le concedieron competencias especiales para superar el parroquialismo paralizante. Pero el súper-comité del déficit integrado por 12 miembros ha sido subcontratado para llevar a cabo la función que define al Congreso — la elaboración de unos presupuestos responsables.
Esto puede parecer conceder a una docena de personas una autoridad desproporcionada y casi apostólica. Pero no hay muchas posibilidades de que el Comité se salga del guión establecido. El resultado de sus deliberaciones va a estar fuertemente influenciado por los líderes legislativos Republicanos y Demócratas y por la Casa Blanca.
El comité podría optar por el pudor. Podría reunir de forma improvisada unas cuantas propuestas de reducción del gasto público menores salidas de las comisiones anteriores — suficientes para contribuir a su objetivo de 1,5 billones pero insuficientes para evitar activar ciertos recortes automáticos.
Pero el súper-comité tiene también la opción de la ambición — evitar el mecanismo íntegramente con medidas como elevar la edad de jubilación de los afiliados al programa Medicare de la tercera edad, imponer por ley la auditoría del patrimonio de los afiliados y reformar el código fiscal. Los miembros del comité a vigilar de cerca son el Senador Republicano de Pennsylvania Pat Toomey y el Senador Demócrata de Montana Max Baucus. Toomey es un verdadero militarista presupuestario, no un absolutista contrario a las subidas de los impuestos. Baucus parece especial (e idóneamente) atormentado por la perspectiva de la quiebra estadounidense.
Los líderes Republicanos y Demócratas habrán de sellar un gran acuerdo, y la política no es evidente ni fácil. Tanto Boehner como el secretario de la oposición en el Senado Mitch McConnell parecen desear reformas modestas de lo social, incluso si el acuerdo daría a Obama un modesto resguardo en la cuestión del gasto público durante la campaña de su reelección. El eventual candidato presidencial Republicano probablemente no quede complacido. Y el movimiento de protesta fiscal tea party no va a quedar contento con ninguna concesión en la recaudación pública.
El cálculo de Obama es aún más complejo. El gran acuerdo que incluya la reforma de lo social mejoraría su reputación de conciliación, sus aspiraciones de responsabilidad fiscal y su popularidad entre los independientes.
Los izquierdistas, no obstante, se sentirán traicionados — aunque Obama podría contar, una vez más, con su aceptación dócil. Lo que es más importante, Obama y los demás candidatos Demócratas pierden la vara del Medicare que con tanta frecuencia han empleado contra los Republicanos en momentos de necesidad electoral — una especie de desarme político que los Demócratas podrían lamentar dentro de un año.
El debate del déficit es agotador — y acaba de empezar. Habiendo eliminado una serie de cortes en la vía de circulación legislativa, Boehner y Obama tienen ahora que decidir lo rápido y lo lejos que quieren llegar.
Michael Gerson