Conozco personas que, el 6 de diciembre de 1978, votaron no a la Constitución por encontrarse en desacuerdo con su Título VIII, “De la Organización territorial del Estado”. Se trata de personas honradas, sensatas y clarividentes. Si de su voto hubiese dependido que la Constitución se aprobase o no, hubieran votado sí, pues se daban perfecta cuenta de que en aquellos momentos resultaba imprescindible un cambio de régimen, y de que éste tenía que efectuarse o mediante un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales en torno a un texto constitucional, o mediante la guerra civil. La opción no dejaba lugar a dudas.
Pero dado que, más que lo previsible, lo totalmente seguro era que el resultado del referéndum iba a ser la aprobación de la nueva Constitución -y ello por una amplísima mayoría- votar que no carecía de todo efecto práctico pero salvaba la honestidad de la propia conciencia. Y la conciencia cuenta, sin duda, y mucho, para determinadas clases de personas.
Estas personas a que me refiero -al menos las que yo conozco, aunque sin duda habrá otras en el mismo caso- han servido a partir de entonces a España con toda lealtad dentro del orden constitucional. Cada una, desde su lugar en la sociedad o desde su puesto en la política, han acatado las leyes, las han cumplido hasta escrupulosamente, y han prestado todo su posible concurso al bien de España y de los españoles. Pero, al mismo tiempo, han comprobado cómo sus temores se confirmaban; cómo el Título VIII constitucional iba conduciendo al país a la catástrofe; cómo las Comunidades Autónomas, tal como las consagraba la Ley Suprema, han supuesto un obstáculo -hoy por hoy casi insalvable- al bienestar y la prosperidad de toda la nación y de cada una de las partes de su fragmentada geografía.
Un obstáculo casi insalvable. En su condición de obstáculo radica precisamente su condición de insalvable. Lo es, porque hoy por hoy resulta prácticamente imposible dar marcha atrás. Y justamente lo impide aquello en que el obstáculo al bien de España consiste: se han multiplicado insensatamente los organismos legislativos y administrativos; se ha construido un inmenso clientelismo económico; se ha engañado a la infancia sobre la historia y sobre el presente, mediante un sistema educativo falseador de la verdad; se ha creado una burocracia feroz, una inflación de funciones y funcionarios tan superfluos como costosos; se ha fomentado la desconfianza social hacia las estructuras centrales de gobierno y la unidad de la nación; se ha fragmentado la cultura; etc., etc., etc. Todo ello ha dado lugar a tres consecuencias: un enorme dispendio económico, una pléyade de paniaguados difícilmente reconducibles ya hacia otras formas de vida y de trabajo, unas nuevas generaciones de ciudadanos nacidos y educados de espaldas a la realidad de una patria común.
Que éstos son los obstáculos, en evidente. Y no menos que en un par de generaciones son casi insalvables. El resto se puede arreglar: unas leyes se sustituyen por otras, uno errores dejan de cometerse, unos aciertos se comienzan a vislumbrar. Se puede hablar con Europa, no hablar con los terroristas, perseguir la corrupción, proteger la moral, acertar en las medidas de reinstauración del orden social. Pero ¿se pueden eliminar tan de prisa la situación en que viven las Comunidades Autónomas, tanto en el plano económico como en el laboral, administrativo y cultural? Y ¿se quiere hacer?
Alberto de la Hera