Habrá que esperar las primeras decisiones oficiales del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy para ver qué y de dónde corta. La primera medida anunciada ha sido la congelación del salario mínimo, que no es la mejor manera de empezar porque se vuelve a estrangular a los de abajo. Significa mucho para los que cobran poco y significa poco para el Estado porque el ahorro es mínimo, insignificante. Lo que cuenta es de dónde se sacan los 16.500 millones que hacen falta -seguramente muchos más, cuando se cierren las cuentas del 2011- y es más que posible que el Gobierno no se atreva a meter la tijera a fondo en este momento, aplace parte del recortazo para marzo y lo trate de equilibrar con otras subidas, aunque sean mínimas como la de las pensiones o con ayudas a determinados colectivos.
Pero no va a ser suficiente. Dieciséis mil millones, treinta mil o cuarenta mil, no son, si me lo permiten, nada, aunque puedan ahogar a muchos. Los problemas de fondo, las carencias de un modelo, los vaivenes de la economía hacen que se estén retirando los inversores internacionales de la economía española. Hace unos días, el copresidente de Banca Cívica, Enrique Goñi, alertaba de que desde abril, los inversores internacionales vienen reduciendo su posición en bonos y acciones en España «a un ritmo de 10.000 millones de euros mensuales», es decir 90.000 o 100.000 desde entonces. El vencimiento de la deuda en 2012 asciende a 280.000 millones -130.000 en deuda del Estado, 120.000 en deuda bancaria y 30.000 más de las comunidades autónomas- y el problema es que o se renueva esa deuda al precio que sea, pagando intereses desorbitados, o se cierra la tienda. Por eso, 16.500 millones, que son un mundo, son casi el chocolate del loro. Hacen falta más medidas y que se apliquen de verdad.
Hace un año, las autonomías se comprometieron con el Ministerio de Economía a suprimir 515 empresas y entes públicos, pero sólo han dado de baja 69. Y España es el único gran país europeo donde ha crecido el empleo público durante la crisis, un 12,8 por ciento entre 2008 y 2011 según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona. En el conjunto de la UE bajó un 1,8 y en países como Francia hasta un 5,8 por ciento. Pero el lastre de tener 3,2 millones de funcionarios, la mayor parte en autonomías y ayuntamientos, y una Administración duplicada e ineficiente, es casi imposible de superar.
Sobre la ausencia de reformas de fondo, sobre datos como el de la Administración Pública y sobre nuestra elevada deuda gravita la desconfianza. Desconfianza en que se hagan las reformas necesarias, desconfianza en que España pueda salir de la crisis, desconfianza en el euro… Este Gobierno está condenado a tomar medidas con justicia y sin miedo y, sobre todo, a explicarlas bien. Cuanto más dilate lo que hay que hacer, más difícil será asumirlo.
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Francisco Muro de Iscar