El personal estaba frotándose las manos pensando que ¡por fin! los malos gobernantes iban a pagar sus errores cuando una vez esos mismos gobernantes donde dijeron digo ahora dicen diego. Me refiero al anuncio de Cristóbal Montoro, que dicho sea de paso va como una moto, respecto a aplicar el Código Penal a aquellos políticos que gasten más de lo que pueden permitirse provocando luego un déficit, y los consiguientes problemas, a los ciudadanos.
La propuesta, ya digo, había caído bien. Porque resulta insoportable que se vayan de rositas aquellos que se han comportado como nuevos ricos con aires de grandeza, gastándose el dinero, pongo por caso, en un aeropuerto en Castellón o en León, en pagar cantidades astronómicas por la Fórmula 1.
En Valencia no hay dinero para los investigadores del Centro de Investigación Príncipe Felipe pero sí para la Fórmula 1. Díganme ustedes que es más necesario y si no resulta un dispendio gastarse el presupuesto público en engordar las cuentas corrientes de quienes han hecho de la Fórmula 1 un negocio privado.
Lo mismo se puede decir de quienes sin ningún respeto por el dinero de los contribuyentes han gastado a tontas y a locas en proyectos absurdos, ya sea un aeropuerto donde no se necesita, o en proyectos de cooperación más que discutibles como los millones regalados por la exministra de Exteriores para que se estudie el impacto de los hipopótamos en determinadas regiones de África, o las famosas «embajadas» de nuestras autonomías, etc, etc, etc.
No sé yo si Montoro tuvo en cuenta de que muchos de sus compañeros de partido están en el podio de los que han malgastado el dinero público. El caso es que nada más lanzar la idea le debieron llamar al orden, porque horas más tarde su secretario de Estado, el señor Beteta, rebajó las expectativas de la propuesta. O sea, que en su propio partido no debió de gustar demasiado y en el resto de los partidos menos. Desde el PSOE salieron de inmediato a reclamar que a los políticos se les juzgue en las urnas y solo en caso de delito se les aplique el Código Penal, y en la misma línea se manifestaron los portavoces de CiU, PNV, IU, etc. O sea, que nuestros políticos no quieren la solución finlandesa. Ya saben que en Finlandia se ha sentado en el banquillo de los acusados su presidente, que no fue capaz de gestionar eficazmente impidiendo el tsunami de la crisis.
Quizá el ministro Montoro debería de perfilar más su propuesta, pero desde luego no estaría de más que aquellos cargos públicos que no tienen el más mínimo respeto por el dinero ajeno, o sea el dinero de los contribuyentes, y lo malgastan, deberían de ser sancionados de alguna manera y no solo en las urnas.
Claro que me temo que en nuestro país tenemos un nulo sentido de lo que significa el dinero público, y reclamamos que se gaste en tal o cual cosa como si ese dinero creciera en los árboles.
Lo que está claro es que en vista de lo que ha pasado se deberían de arbitrar mecanismos que dificulten el malgasto del dinero público. Por lo pronto, el señor Montoro debería de pedir a su compañero de partido, el señor Fabra, presidente de la Comunidad Valencia, que el dinero que va a gastar en la Fórmula 1 lo dedique al Centro de Investigación Príncipe Felipe, a pagar los colegios públicos, o a contratar más personal para la sanidad pública. Y así podríamos ir repasando comunidad autónoma por comunidad. El problema no es solo que los responsables políticos gasten mucho, sino que gasten mal.
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Julia Navarro