No hay la menor duda de que el ministro José Ignacio Wert se ha visto obligado a hacer algo para contentar a quienes, desde dentro del Partido Popular -en el que él no milita- y desde sus proximidades eclesiásticas, se la tenían jurada a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Porque el ministro es un hombre inteligente y sabe que la polémica creada por la ley y la seria división social que, supuestamente le atribuye, no eran tales; que la contestación era muy minoritaria y el enfrentamiento tímido, por no decir inexistente.
Así que, para que no se diga, cambian el nombre de la asignatura y prometen la expurgación de «contenidos controvertidos que puedan conducir al adoctrinamiento». Cuestión esta que se convirtió, desde el nacimiento de la asignatura, en la excusa de los que la criticaban, sin duda, por otras cuestiones. Porque adoctrinar, lo que se dice adoctrinar, o sea, inculcar determinadas ideas o creencias, siempre ha estado mucho más en el ánimo de los detractores de la asignatura que de sus defensores.
Fue el Consejo de Europa quien pidió que se diera un mayor peso a la educación cívica. Y se hizo consensuando los contenidos respecto a la diversidad, la igualdad entre géneros, los derechos humanos, la vida en comunidad y la Constitución, con los representantes de los colegios católicos. Por lo que ya entonces, a pesar de las dudas y los temores del ministro Wert, se evitaron fricciones, se limaron asperezas y se expurgaron contenidos de difícil digestión para cualquiera de las partes. A pesar de lo cual la Conferencia Episcopal, junto a los sectores más conservadores de nuestra sociedad, provocó un movimiento de rechazo con propuestas de boicot, descontenta con el tratamiento que en la asignatura se daba a la homosexualidad y a la idea de la familia basada, fundamentalmente, en criterios constitucionales.
Los intentos de boicot fueron atajados por el Tribunal Supremo que decretó la prohibición de objetar a esa asignatura obligatoria, entendiendo que en ningún caso adoctrinaba.
La nueva asignatura se llamará al parecer Educación Cívica y Constitucional. Como si el expulsado concepto de ciudadanía fuera en sí mismo de una malignidad extrema y de todo punto rechazable.
¿Alguien pretende acaso que dejemos de ser ciudadanos y volvamos a ser súbditos? Esperemos que no; esperemos que sea tan solo una cuestión de léxico y de guiños clientelares.
Pero lo cierto es que cuando el presidente Rajoy apunta por Europa unos recortes que van a afectar sin duda a la educación, los ciudadanos observan con estupor que lejos de buscar solución a los daños, puede que irreversibles, que esta falta de fondos va a suponer para la enseñanza pública, el PP sea tan diligente para acabar con una asignatura que tanta irritación suscitaban en su ala más reaccionaria. Parecen olvidar que hay otras prioridades.
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Victoria Lafora