«Los enemigos» del jefe de policía de Valencia son adolescentes de un instituto de esa ciudad que comenzaron a manifestarse por la supresión de calefacción en las aulas y por otras medidas que objetivamente han significado recortes en la educación que reciben.
La brutalidad y la desproporción de la policía en la represión de esas manifestaciones de protesta solo es discutida por la caverna mediática. Algunos bienpensantes que abundan y justifican la revolución conservadora que se está produciendo en España, señalan la falta de permisos para esas manifestaciones como justificación de esos excesos policiales, eludiendo la centralidad de la cuestión: si la policía y la delegada del Gobierno decidieron que había que disolver a los manifestantes, nada justifica que lo hicieran de forma tan salvaje.
Además de un atentado grave a los derechos ciudadanos, lo ocurrido en Valencia es una grave torpeza. No está en la lógica democrática que estudiantes no puedan protestar por recortes que afectan sustancialmente a la calidad de la enseñanza, incluyendo la ausencia de calefacción en las aulas en lo más crudo de un duro invierno.
Si se demoniza el derecho a la libre expresión y a las manifestaciones de protesta, la confrontación irá ‘in crescendo’.
No han podido encontrar una imagen de un cojo manteca. No ha habido cristales rotos, escaparates destrozados o coches calcinados. Sí ha habido ciudadanos aporreados, personas mayores zaheridas y chicos y chicas detenidos a pesar de ser menores de edad. Los heridos, algunos con fracturas, son evidentes y los testimonios sobre la forma de actuar de la policía no dejan lugar a dudas.
Esto no se ventila con una disculpa por algunas extralimitaciones. Para cortar de raíz con las consecuencias de lo sucedido es necesaria la dimisión o el cese de ese jefe de policía que habla de «enemigos» a los que no puede dar información de sus fuerzas represivas. Y hace falta el cese o la dimisión de la delegada del Gobierno en Valencia.
La protesta se extiende en la hipérbole que se conoce ya en las redes sociales como «Primavera de Valencia». La extensión geográfica de la protesta es un hecho.
En la lógica democrática -y la ocupación pacífica de las calles es, sin duda, un acto democrático- la reacción de la policía merita una respuesta. El Gobierno de Rajoy, con una torpeza en el uso de la fuerza, ha encendido una chispa que ahora no sabe como apagar.
Carlos Carnicero