Las cuentas no dan para más y los presidentes autonómicos acuden a Moncloa a llorar a Mariano Rajoy. Con unos presupuestos que se retrasan hasta finales de marzo, para ayudar a Javier Arenas a ganar en Andalucía, los máximos responsables de Valencia, Murcia, Cantabria y Extremadura, por citar solo algunos, temen unos recortes en el dinero que asigna el Estado para sus territorios, inasumibles y que les obliguen a tomar graves medidas en Sanidad y Educación.
En concreto, Valencia, que tiene la calle incendiada por el estúpido error de la delegada del Gobierno que lanzó a la policía contra estudiantes de un instituto, ha visto como la agencia de calificación Estándar & Poors rebajaba la calificación de su deuda a la de «bono basura». Quiere esto decir que no podrá buscar financiación en el exterior y depende, exclusivamente, de la generosidad del Estado.
Son estos presidentes autonómicos los que mayor presión están haciendo ante Rajoy y Montoro para que adelanten los presupuestos dado que ya se conocen de forma oficial las cifras del déficit de 2011. Quieren que, con el desfase de dos puntos y medio, Mariano Rajoy convenza a Bruselas de la imposibilidad del ajuste que se les impone. Pero el comisario europeo ya ha dejado claro que, antes de empezar a regatear, quieren ver las cuentas de España.
Algún dirigente popular muestra, confiado y bien pensante, que a Europa no le interesa que este país se eche a la calle, por el efecto contagio. Convendría recordarle que los griegos llevan manifestándose contra sus sucesivos gobiernos, quemando edificios, autobuses urbanos y provocando heridos en las fuerzas de orden público, sin que su desesperación conmueva en lo más mínimo a las autoridades de Bruselas ni a la señora Ángela Merkel.
Otra de las cuestiones que están trasladando a Mariano Rajoy, en sus citas en la Moncloa, es la necesidad de que los recortes se tomen al unísono y con la misma crudeza, para que se respete la igualdad de los españoles. La diferencia entre las prestaciones en materia sanitaria es brutal entre unas comunidades y otras. El recorte puede agrandar la brecha y castigar, especialmente, a aquellas con menos recursos propios.
Cuando el PP ganó por arrolladora mayoría en las elecciones de la primavera pasada los nuevos presidentes autonómicos no soñaban con que les iba a tocar administrar la más absoluta miseria con el coste electoral que esto puede suponer en el futuro. Precisamente por ello, deberían ser los primeros en reclamar al Gobierno la desaparición de las Diputaciones provinciales con el alto coste que suponen para las arcas del Estado. Lo malo es que las ocupan «compañeros» del partido y a ver quién es el guapo que se atreve a echarlos a la calle con el paro que hay. Pero por algún sitio hay que empezar, porque vienen heraldos negros.
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Victoria Lafora