Alberto Ruiz Gallardón justifica el cambio de la ley del aborto para proteger la libertad de ser madre. Según la teoría acuñada por el ministro de Justicia, existe una «violencia de género estructural» que empujaría a determinadas mujeres a abortar forzadas por coacciones de su entorno. En los fundamentos de la reforma debería documentar el ministro tal fenómeno, concretar, según los datos de que dispone, el número de mujeres que han sido obligadas a interrumpir su embarazo a pesar de que deseaban ser madres, e identificar las redes – hablamos de un fenómeno estructural – que conspiran en tal sentido para perseguirlas penalmente. Y sería muy interesante que explicase también por qué volviendo a los anteriores supuestos se acabaría con esa violencia y manteniendo la actual ley de plazos, la fomentaríamos.
La pirueta es extraordinaria y tiene un inmediato efecto boomerang. Porque si diéramos por válida la teoría de Gallardón no costaría nada completarla para acabar concluyendo que, junto a la expresada por el ministro, existe una «violencia de género estructural» que actuaría en sentido contrario y que presionaría a las mujeres que desean hacerlo a no abortar, condicionando su libertad con la amenaza de castigos futuros, algunos tan graves como la condenación eterna. Como en este segundo caso los autores de las supuestas coacciones están bien identificados y localizados en sus respectivos púlpitos, imagino que la persecución judicial a los presuntos agresores sería promovida de inmediato por el ministro para garantizar la libertad de las mujeres españolas para no ser madres. Pero no lo hará, porque lo de la violencia de género estructural en materia de aborto no se lo cree ni él.
Se puede estar a favor o en contra del aborto. Quienes lo defienden y quienes lo combaten tienen fundadas razones para hacerlo. Pero si se está de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo necesita una regulación legal, y en esto hay un consenso parlamentario que se ha mantenido en democracia, es difícil de sostener que una ley de supuestos garantiza mejor la libertad de las mujeres que una de plazos. De los anteriores supuestos, el más utilizado -nueve de cada diez abortos- fue el más nebuloso, el que se refería a la salud psíquica de la madre. Hasta el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a la anterior regulación, a la que se pretende volver, como un «fraude de ley» sostenido también durante los ocho años del gobierno de Aznar. La actual ley de plazos, entre otras cosas, pretendía acabar con ese despropósito, dando a la mujer plena libertad de decisión sobre su maternidad, sin circunvalaciones y sin tener que dar explicaciones.
Y una cosa más. Si el ministro de Justicia, favorable a la ley de matrimonio homosexual, esperará la sentencia del Tribunal Constitucional para tomar una decisión al respecto, ¿no sería conveniente hacer lo mismo en lo que se refiere a esta ley del aborto antes de inventar teorías inverosímiles para justificar su modificación apresurada?
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Isaías Lafuente