Un abogado español ha conseguido del Defensor del Pueblo europeo y en un tiempo casi récord lo que ni Rajoy, cuando era líder de la oposición, consiguió de Zapatero, cuando era presidente, ni cualquier ciudadano español podría obtener de cualquier departamento de nuestras Administraciones públicas. Como sucedió con la crisis económica, Zapatero no reconoció siquiera haber recibido esa carta del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, por la que le preguntó insistentemente Rajoy. Y esa carta fue muy importante porque llegó en agosto, en plena crisis de deuda española, y desencadenó una reforma constitucional precipitada y un cambio de actitud de Zapatero que, de repente, se puso a hacer todo lo que hasta ese momento había rechazado. ¿Una reforma impuesta desde Europa? Zapatero negó la información a la oposición, al Parlamento, a los sindicatos y a los ciudadanos, pero hizo los deberes.
El abogado Isaac Ibáñez, defensor de la transparencia informativa, se dirigió al Banco Central Europeo y ante la negativa de desvelar dato alguno sobre esa carta, recurrió al Defensor del Pueblo europeo por entender que «no existía ninguna razón de peso para que se ocultara el contenido de esa carta». Y el Defensor le ha dado la razón* y la carta. El BCE no instaba al Gobierno a reformar la Constitución y sí a tomar otras muchas medidas. Pero lo importante es que esa información se hacía accesible a los ciudadanos y la pelea por la transparencia de las Administraciones y el derecho de los ciudadanos han ganado una primera batalla.
Quedan muchas más: en julio de 2011, el Grupo Popular presentaba en el Congreso una proposición de ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El último Consejo de Ministros de julio también aprobaba su anteproyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública, a sabiendas de que la convocatoria electoral haría imposible su tramitación. España tiene el dudoso honor de ser uno de los tres países europeos, junto con Chipre y Luxemburgo de no tener una Ley de Acceso a la Información Pública de la que disponen países como Suecia, desde 1776, Finlandia, desde 1970, Estados Unidos, desde 1966, pero también Bulgaria, Serbia, Nigeria o Mongolia.
Esa ley urgente, como pide Transparencia Internacional España, debe recoger el derecho fundamental de acceso a la información que deben facilitar todas las entidades públicas y privadas que realicen funciones públicas, de forma rápida, sencilla y gratuita y con ayuda obligatoria de los funcionarios. El secreto y la denegación de la información, que deben poder ser recurridos, tienen que ser la excepción y esos casos deben estar debidamente motivados y garantizados por un órgano independiente. Esa transparencia de la Administración, pero también de los partidos políticos, de los sindicatos y de otras instituciones no sólo es manifiestamente mejorable en España; es indispensable para la calidad del Estado democrático de Derecho. Una ley de Transparencia, ya.
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Francisco Muro de Iscar