Para millones de ciudadanos de todo el mundo los bancos son los «malos» de la película. Y es que la crisis que padecemos comenzó por la quiebra de un banco en Estados Unidos y a partir de ahí los sufridos ciudadanos vimos como el sistema financiero se tambaleaba con efectos de tsunami y aún no solo no nos hemos recuperado sino que nadie sabe realmente cuándo vamos a salir del agujero.
Así que no es extraño que con ocasión del Día del Consumidor, el 15 de marzo, las asociaciones de consumidores hayan dirigido un dedo acusador a las entidades financieras pidiendo de paso que los gobiernos las metan en vereda.
El Día del Consumidor se ha celebrado este año con el lema de «Nuestro Dinero, nuestros derechos», que es una manera de recordar a los bancos que el dinero que manejan no es suyo, sino de los ciudadanos, pero que se comportan como si no fuera así.
Paralelamente, en el Congreso de los Diputados sus señorías debatían el proyecto del Gobierno para que comunidades autónomas y ayuntamientos paguen lo que deben a los proveedores, algunos de los cuales se han arruinado en el sentido literal del término precisamente por la morosidad de las Administraciones.
Pero el fondo del debate era si el Estado podía o no hacer de avalista de las Administraciones autonómicas y locales, y después de un intensísimo debate el Congreso ha dicho mayoritariamente que sí. El problema de fondo es a qué interés van a cobrar las entidades financieras por esos créditos extraordinarios, avalados por el Estado, que permitirán pagar sus deudas a comunidades y ayuntamientos. Y resulta que los bancos van a cobrar un interés del 5 por ciento, que no es moco de pavo, en vez de cobrar un 1, que al fin y al cabo es el interés con que ellos reciben el dinero del Banco Central Europeo.
No obstante, hay que felicitarse de que el Congreso haya avalado la iniciativa del Gobierno para que las Administraciones no solo paguen a los proveedores sino también puedan aumentar los pagos a deudas por ejemplo en sanidad.
Dice el refrán que más vale tarde que nunca, y realmente cuesta entender por qué el anterior Gobierno, el del señor Zapatero, no puso en marcha una medida de este calibre que habría evitado que miles de pequeñas empresas se vieran abocadas a despedir trabajadores unas, a quebrar otras, a malvivir las que menos. Ahora, una vez pasado el trámite parlamentario, lo único que hay que pedir al ministro Cristóbal Montoro es que haga efectiva esta medida mejor hoy que mañana.
Y vuelvo a enlazar con el Día Mundial de los Consumidores, algunas de las denuncias y peticiones que se han hecho este año solicitan a las entidades financieras que se muestren más flexibles, que permitan a los ciudadanos cambiar de banco cuando les venga en gana, porque ahora abres una cuenta y parece que te has casado para siempre con el banco, y, sobre todo, que no olviden que el dinero que manejan no es suyo, sino de los ciudadanos que se lo confían. Claro que a veces lo obvio algunos lo convierten en obtuso.
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Julia Navarro