En este seco invierno que se nos termina, acudí, en calidad de acompañante, a que un familiar fuera sometido a una operación de cataratas. El acto médico tuvo lugar en la Ciudad sanitaria de La Paz, en Madrid, y concluyó con éxito. La intervención, practicada en poco tiempo y con alta en el mismo día, estuvo seguida de un corolario administrativo en el que se nos adjuntó una factura “simbólica” por un importe de 999 euros; al parecer, la Consejería de Sanidad pretendía sensibilizar sobre el precio real de las cosas, aunque estaba claro que para nosotros no suponía ningún coste.
A mí, la verdad, el “simbólico” papel me produjo inquietud; si me apuran hasta un poco de miedo. Esos casi mil euros de golpe, que nos habíamos librado de pagar, no eran, merced a una suerte de paranoia que comencé a sentir, causa de alivio por la gratuidad, sino aviso más que probable de un futuro pago que daría al traste con el presupuesto familiar de más de un mes. Ya en casa, intente racionalizar la inquietud y me dije que esas eran cosas de países, como Estados Unidos, dominados por los seguros médicos privados; recordé que “las igualas” que pagaban nuestros abuelos a médicos y practicantes se perdían en la noche del Franquismo, y que nosotros gozábamos de una Sanidad “Universal y Gratuita” desde hacía casi treinta años. Me auto-convencí, o casi.
Quizás fue para eliminar ese “casi”, o que aquella tarde no tenía cosa mejor que hacer, el caso es que saque de la carpeta, donde reposaba perfectamente señalado, el expediente de mi vida laboral y leí “Acreditada la cotización durante 34 años, 4 meses y 30 días”. Es decir que durante esos treinta y cinco años escasos he satisfecho alrededor de cuatrocientos mil euros en impuestos, con los que el Gobierno de turno ha construido autovías y Aves, ha corrido con la mayor parte de los gastos en educación de mi hija, y ha sufragado el coste de una Sanidad “Universal y Gratuita”, de la que he disfrutado las veces -pocas, afortunadamente- que la he necesitado. Es, a todas luces, un trato justo.
O lo era. Porque, sin esperar a que estalle la primavera, el Presidente Catalán ha anunciado que cada usuario de su Comunidad Autónoma tendrá que pagar un euro por receta. Lo llaman “copago”, es solo un euro, y la culpa -como de casi todo- la tiene la crisis. Lo malo, para el resto de España, es que los responsables de otras Comunidades parecen no ver con desagrado la ocurrencia catalana; ninguno, faltaría más, ha aplaudido en público, pero uno habla de diferenciar entre medicamentos caros y baratos, otro muestra su “comprensión” con el Gobierno de Cataluña, el PP habla de diferenciar las medicinas por precio, y el PSOE vaticina que después de las elecciones andaluzas y asturianas el Gobierno de España permitirá que haya copago donde lo decidan los responsables autonómicos.
Quién tiene razón se verá -junto a otras discusiones políticas- a final de mes con la publicación de los retrasados Presupuestos del Estado para 2012. Lo que sí está claro, desde ya, es que no es lo mismo “copagar” si se disfruta de un sueldo medio o de un contrato a tiempo parcial. Que no le va a resultar igual de gravoso a un pensionista medio que a un beneficiario de plan de pensiones, otorgado o no, por su antigua empresa. Que nada tienen que ver los adultos, jóvenes o maduros, que acuden esporádicamente a médico y farmacia, con los mayores de sesenta años, muchos de ellos con enfermedades crónicas.
Por lo que a mí respecta, sea un euro, o un céntimo, el Gobierno que decida que la Sanidad deje de ser “Universal y Gratuita”, estará rompiendo el tácito acuerdo que refrendé con sus antecesores hace casi treinta y cinco años. Estará rompiendo el trato.
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Jaime Olmo Mitre