De la maratoniana rueda de prensa celebrada el viernes en Moncloa, el asunto que más polémica ha suscitado es la decisión del Gobierno de, por decreto, convertir en «definitiva», la transitoria incluida en la ley de 2006, impulsada por el PSOE y apoyada por el PP, según la cual el Presidente de RTVE debía ser elegida con mayoría reforzada; es decir, con el acuerdo de los dos grandes partidos. En esa misma ley se preveía en una disposición transitoria que si ese acuerdo no se lograba -se refería a ese presidente en concreto- se acudiría a la mayoría simple. En contra de lo que algunos esperaban, el Gobierno ha tenido buen cuidado en no derogar la ley como, por ejemplo, hizo el anterior Presidente del Gobierno con la Ley de Educación aprobada en el tramo final de la legislatura de Aznar o el famoso Plan Hidrológico. El Gobierno ha acudido a esa rendija prevista en la propia ley de 2006 para enviar un mensaje claro al PSOE: o hay acuerdo o decidimos nosotros que para eso tenemos mayoría suficiente. No ha dado, al menos en puridad, «un golpe institucional». No ha derogado nada.
El PSOE se ha escandalizado sobremanera. Le parece un asunto gravísimo y ya de antemano atribuye al Gobierno el deseo de hacer de TVE una televisión de partido. Forma parte del guión. No cabía esperar que les gustara pero todavía se está a tiempo para el acuerdo. Hasta junio quedan más de treinta días, tiempo más que suficiente para consensuar un nombramiento que, sin duda, es urgente y necesario para que RTVE reanude una andadura de normalidad.
Los contactos que haya habido en torno a este nombramiento están blindados al conocimiento público. Ni sabemos la propuesta del Gobierno ni las pegas o contrapropuestas del PSOE. Sabemos que no hay acuerdo, que la situación de RTVE requiere de la toma de decisiones que a día de hoy no se pueden abordar y unos y otros, todos, deberíamos tener claro que TVE es más que una cadena para el entretenimiento o la información. RTVE es un elemento de cohesión nacional, un instrumento necesario para sortear los legítimos intereses privados de las demás cadenas.
El hecho de que el nuevo presidente de la Corporación sea elegido con los únicos -que no son pocos- votos del PP no prejuzga la calidad e idoneidad del elegido pero no es el escenario deseable precisamente para el elegido al que, en cualquier caso, le espera un reto nada envidiable.
Dicen los socialistas que el PP bloqueó durante tres años la renovación de algunos órganos constitucionales pero ese argumento no vale, sobre todo cuando se insiste en que «nosotros no somos como ellos». Cometer el mismo error que otros cometieron antes no es atenuante para incidir en él. «Nosotros no somos como ellos».
El Gobierno tiene una doble obligación: por un lado, subsanar cuanto antes el vacío ejecutivo de RTVE y, por otro, hacer lo máximo posible porque el acuerdo sea posible. Y todavía es posible y si al final no se produce, unos y otros tendrán que contarnos la causa del fracaso. La exigencia de transparencia en ningún caso debe quedar restringida al uso de los dineros públicos. Debe llegar también a aquellos asuntos que los ciudadanos no llegan a entender. Los desacuerdos en política a veces son imposibles pero nunca inocentes. ¿No hay en España un nombre que concite el acuerdo de los dos grandes partidos?. Gobierno y Oposición nos los tienen que explicar.
RTVE se merece y necesita el apoyo institucional y aun sabiendo que hay grupos que consideran que no es necesaria una radio-televisión pública, yo pertenezco, junto con una mayoría, al grupo que sostiene lo contrario. No hay democracia en Europa que no tenga una televisión pública y España debe seguir teniéndola siguiendo el modelo de la pluralidad, el rigor informativo, y un concepto claro de lo que es servicio público y, lo que no es menos importante, un estilo, una manera de hacer las cosas que la distinga claramente de aquellos otros medios que revestidos por el vértigo de la audiencia dan por buena la vulgaridad, el griterío y la extravagancia.
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Charo Zarzalejos