La jueza Alaya da muestras de ser una hormiguita laboriosa que no ceja en su empeño, hace tiempo decidió adentrarse por el laberinto de los ERES de la Junta de Andalucía y no ha aflojado en tomar declaraciones y pedir documentos. Y eso que no se lo pusieron fácil, recordemos el baile de carpetas y el paseo en hombros de un armario metálico en el que se contenían acuerdos de Gobierno tomados tanto por Chaves como por Griñán; el armario iba y venía ante la mirada de las cámaras de televisión. Da la impresión de que en el entorno del Palacio de San Telmo nadie tenía en cuenta la que se estaba formando, (es un rasgo de cuándo se ejerce el poder durante muchos años, los que mandan se creen inmortales y sin responsabilidad alguna porque dar explicaciones o pagar multas simplemente no va con ellos). O peor aún: aprovecharon lo que pensaban iban a ser últimos coletazos antes de la llegada del PP.
De momento, el laberinto es más profundo de lo que se pensaba y mucho más de lo que algunos temían para su desgracia. El ingreso del que fuera consejero de Empleo en prisión no es una buena noticia para aquellos que hablaban de una higiene excelsa en la gestión de la Junta. Con Antonio Fernández ya son tres los antiguos altos cargos imputados en un tejemaneje de dinero público orientado a hacer la vida más fácil a los amigos, y a ellos mismos. A este paso el vehículo oficial más usado por altos cargos de la Junta de Andalucía va a ser el furgón de la Guardia Civil y Griñán va a poder presumir de tener un auténtico «gobierno en la sombra» (formado por los imputados en una espesa trama de favores).
Haría mal Griñán en acogerse a esa amnesia común que tienen muchos gobernantes que confunden los votos con un plebiscito popular que les exime de sus delitos (a Camps le ocurrió y a los pocos días tuvo que dimitir y que se sepa nadie espera su regreso a la Generalitat valenciana). Griñán tiene la oportunidad de formar Gobierno con la ayuda de IU pero renovar en la presidencia no puede ser una manera de borrar el pasado sin dar explicaciones.
Antonio Fernández lo tiene crudo: aprobó una prejubilación en una bodega de Jerez en la que él trabajaba, por lo tanto se firmó a sí mismo el chollo, la paga para toda una vida como decía el anuncio. Y eso tiene mala defensa porque no puede argumentar que no conociera la bodega, o que no estuviera él dentro de los beneficiarios por el ERE. Fernández y los otros que comparten la cuerda de presos con él se creyeron por encima del bien y del mal, parte del engranaje de un latrocinio organizado que nunca rendiría cuentas. Y, ahora, a jugar al parchís entre rejas.
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Rafael Martínez Simancas