A la vista está que Rodríguez Zapatero y la sin par exvicepresidenta Elena Salgado ocultaron al personal el calado real del déficit con el que dejaban a España al abandonar el Gobierno. Cerca de 28.000 millones de euros más de lo que registraba aquel 6 por ciento que nadie -salvo ellos-, se creyó. Recuerdo que fue Cristóbal Montoro, por aquel entonces portavoz para asuntos económicos del PP, a quien primero escuché denunciando lo falsario de la cifra. Ahora es Bruselas quien certifica la ocultación.
El hecho de que desde la actual dirección del PSOE (Elena Valenciano) ni siquiera haya intentado justificar semejante «olvido», da idea de la concepción que algunos profesionales de la política tienen de los asuntos públicos y a qué lugar relegan la inexcusable obligación que tienen todos de atenerse a la verdad de los hechos. La transparencia de los asuntos públicos en una exigencia del sistema democrático. En este asunto -amén de decir la verdad, que es, ya digo, una exigencia propia de los usos y costumbres democráticas- estaba en juego el valor añadido de la credibilidad de España en los mercados internacionales. Nadie pone en duda que parte del problema de la deuda y de la hinchazón de la prima de riesgo que apareja, está íntimamente relacionado con la idea que puedan tener nuestros acreedores internacionales acerca de la capacidad de pago de las instituciones españolas. Ocultar una parte del déficit es emitir una señal negativa, muy negativa, porque provoca un rechazo que, como hemos visto, se traduce en desconfianza y ésta, la desconfianza, cursa en forma de continuas subidas de los intereses que cargan las peticiones de crédito a las que estamos abocados. Es verdad que hablar de este asunto, por lo que tiene de pretérito, es hablar de leche derramada -nadie tiene poder sobre el pasado-, pero lo que no ha perdido vigencia es señalar la impostura que supone no aceptar los errores cometidos o carecer de coraje para pedir disculpas. Mal rollo. Malos políticos.
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Fermín Bocos