De entre todos los tijeretazos con los que el PP está podando el Estado del bienestar hay uno que sobresale sobre los demás: dejar a los inmigrantes irregulares sin derecho a la sanidad. Este recorte es cruel, porque envía a la marginalidad a decenas de miles de personas, precisamente las que peor lo están pasando. Es injusto, porque olvida que esos mismos inmigrantes a los que hoy se castiga construyeron los cimientos, hace no tanto, del milagro económico español. Es xenófobo, porque ahonda en un discurso tan populista como injusto: que los de fuera sobran , que España para los españoles, que largo de aquí. Es peligroso, porque rompe con la universalidad de la sanidad; hoy son los inmigrantes sin papeles, mañana los que no puedan pagar. Y es cínico, porque mezcla un fenómeno de países ricos –el famoso turismo sanitario– con la simple y pura necesidad.
Desde el gobierno de Rajoy se dice al mismo tiempo que supondrá un ahorro notable en las cuentas públicas y que los inmigrantes ni lo notarán porque siempre les quedarán las urgencias. Algo no cuadra porque es precisamente en urgencias donde más caro resulta cada paciente: si todos los inmigrantes van allí, en vez de ahorrar se gastará más. La solución a este enigma tal vez esté en próximos recortes, en un copago por el “abuso” de las urgencias que cerrará esta ecuación.
Para mayor obscenidad, en el mismo BOE en el que se recorta a los inmigrantes sin papeles el derecho básico a la sanidad, el Gobierno aprobó una amable concesión para las grandes farmacéuticas: los médicos podrán volver a recetar en algunos casos según la marca, y no según el principio activo. Para cuidar la buena salud de esas empresas sí que se puede gastar más.
Ignacio Escolar