El Gobierno no para de anunciar reformas orientadas a ahorrar para recaudar y poder pagar lo que debemos. Razonadas, algunas de estas medidas podrían calificarse como razonables; otras, no tanto. Las más, las que bajo el nombre de «reformas» lo que en realidad anuncian son recortes -de retribuciones o de servicios-, en muchos casos destilan un aroma de improvisación que si no fuera porque sabemos que quien está al frente del Ejecutivo es Mariano Rajoy, podríamos llegar a pensar que quien seguía en La Moncloa era Rodríguez Zapatero. Pongo un ejemplo: se anuncia que los funcionarios de baja no cobrarán el sueldo completo.
Medida tan imprecisa viene acompañada de otra, todavía más llamativa: los funcionarios dejarán de cobrar el salario íntegro durante los primeros 90 días de incapacidad temporal. Supuestamente, estas y otras iniciativas forman parte de un plan, por lo demás loable, para -según se argumenta-: reducir el absentismo laboral. Subrayo que a mi modo de ver todos esto es fruto de la improvisación o de una mala -por incompleta-comunicación porque cuesta creer que exista amparo legal para despojar a un trabajador del salario que le corresponde por hallarse de baja con certificado médico que acredite el porqué de dicha ausencia temporal. En España, que se sepa, caer enfermo no es un delito.
Cosa diferente es la simulación de enfermedad, pero eso tiene otro nombre. Otro nombre y su correspondiente tipificación como fraude penado por las leyes. Es a los inspectores de Trabajo a quienes corresponde detectar y perseguir el fraude que aparejan las bajas por enfermedad simulada, las ausencias injustificadas del trabajo o las responsabilidad de algunos médicos que se prestan a éste tipo de imposturas. Pero este tipo de conductas ya está señalado y penado en nuestras leyes. Por eso digo que parece una improvisación anunciar que le será retenida una parte del sueldo a los funcionarios que estén de baja temporal porque, que se sepa, caer enfermo todavía no es delito. Antes de disparar, deberían apuntar.
Fermín Bocos