El fiasco de Bankia nos va costar a los contribuyentes lo que no está escrito. Tras una primera inyección de dinero público de 4.500 millones ahora el Gobierno (ministro de Guindos, dixit) se apresta a facilitar «lo que haga falta» para tapar el agujero. Y, ¿cuánto es lo que haría falta? Según las fuentes, la cantidad varía. Hay quien habla de 15.000 millones de euros y otros suben hasta los 20.000. En total, ¡25.000 millones! Una barbaridad. Una cifra que supone el 2,5 por ciento del PIB nacional. No hay precedentes. Ni del fiasco, ni de la escasa voluntad para exigir explicaciones a los responsables del agujero. Responsabilidad sobre los errores cometidos en la gestión y, también, responsabilidad política porque no se olvide que Bankia nació de la fusión de cajas de ahorro (Cajamadrid y las valencianas) que eran instituciones públicas cuyos directivos fueron designados por los políticos de Madrid y Valencia. Que todavía no se haya abierto una investigación por parte de las autoridades del Banco de España para averiguar si hubo negligencia o dolo en las actuaciones de los responsables de estas entidades clama al cielo, pero que se pretenda impedir la creación de una comisión de investigación para saber qué ha pasado con el dinero perdido (mal invertido o distraído, sería tarea de la comisión averiguarlo), es, sencillamente, un escándalo.
¿Cómo puede ser que los directivos y consejeros que durante los últimos quince años han estado al frente de las cajas se hayan ido sin dar explicaciones, pretendiendo, incluso, cobrar copiosas indemnizaciones? Los Blesa, Moral Santín, Olivas, Rato, etc., tienen que explicar lo ocurrido, y pechar con las consecuencias. Lo mismo digo de los políticos que confiaron en ellos y no supieron cortar por lo sano cuando ya era «vox populi» que estaban llevando las cajas hacia el precipicio. Puesto que el rescate se lleva a cabo con dinero público es más que evidente que el público tiene derecho a saber la verdad de lo ocurrido. Y, si es toda la verdad, mucho mejor.
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Fermín Bocos