Irónico, casi irrisorio y por otro lado, a la par, hasta esperanzador. Porque que la Audiencia Provincial ordene al juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid reabrir por tercera vez el caso de espionaje político en la Comunidad, es lo único que hace pensar que aún hay probabilidades de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y señalar a los culpables.
Tres veces abierto. Dos veces cerrado: La primera en julio de 2010 y la segunda, el pasado mes de febrero. Y sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones, la juez Carmen Valcarce Codes llamó a declarar a personas claves como Alberto Ruiz–Gallardón; espiado, Alfredo Prada; espiado, Álvaro Lapuerta, espiado, y sobre todo, Francisco Granados, al frente de la Consejería de Interior en 2007 y quien contrató a los tres guardias civiles que llevaron a cabo el presunto espionaje junto a Marcos Peña.
Quien sí fue a declarar fue Manuel Cobo, quién a pesar de confirmar ante Valcarce que los posicionamientos de los teléfonos móviles de los supuestos espías coincidían con su agenda, vio cerrada la investigación cuatro meses más tarde y sólo un mes después de que la mujer de Sergio Gamón dijera que su marido espiaba a Alfredo Prada desde 2006 para Ignacio González. Y ni él ni nadie pone cara oficialmente a los culpables de gastar más de 60.000 euros de dinero público en espiar a compañeros de partido.
Fueron muchas las informaciones que los diferentes medios escupieron tras conocer los dosieres de la investigación; entre ellas, las propiedades de Francisco Granados o los opacos negocios de Ignacio González en su viaje a Cartagena de Indias. Aunque el vicepresidente siempre aseguró de que se trató de un “viaje oficial”, es grotesco ver que mientras él no está siendo investigado por este preocupante episodio en el que se habló de movimiento de dinero, exigió al TSJM que Enrique Barón investigara quién ordenó su seguimiento. Un tribunal al que se permite pedir favores y que le ha cerrado algunos casos como los recursos interpuestos desde 2005 por las dudosas adjudicaciones de la Las Ventas o la querella interpuesta por prevaricación tras adjudicar un campo de golf a una empresa que era titularidad del socio de uno de sus hermanos y de su cuñado. La Fiscalía Anticorrupción también se niega a investigar las irregularidades existentes en relación con el ático que tiene alquilado en Marbella, y asegurando que no hay indicios suficientes, sin embargo considera oportuno que sea la Policía quién investigue el tema.
Son muchos los poderosos de este país que han hecho con la Justicia un traje a su medida. Y no porque no hayan cometido delito, sino porque no fueron juzgados a su debido tiempo. Así se libró César Alierta del ‘caso Tabacalera’ en el que la Audiencia Provincial consideró probado el delito de uso de información privilegiada por el que se benefició de 1,86 millones de euros. Y del mismo modo salieron impunes “los Albertos”, a pesar de que estafaron a sus socios minoritarios en la compra de los terrenos de las madrileñas torres Kio. Y mientras que, quien hace no paga, el que paga acaba siendo el protagonista de este editorial: un sistema judicial que ha hecho méritos propios y hasta horas extras para degradarse.
Editorial Estrella