No se sabe si será un rescate parcial –solo a la banca– o un rescate total –a la banca y al Estado–. Tampoco se sabe si se le llamará siquiera rescate o si se camuflará la intervención de nuestra economía bajo algún eufemismo que camufle la derrota. En el mejor de los casos, la ayuda llegará directamente hasta la banca. En el peor, será el Gobierno quien tenga que hacerse cargo del préstamo y la intervención será completa. Solo hay dos certezas. La primera: España necesitará dinero público para el sector financiero, más del que nos podrán prestar los mercados, por lo que ese capital llegará del extranjero con condiciones. La segunda: sea España plenamente intervenida o sea simplemente tutelada, esas condiciones serán durísimas para los españoles.
En cuestión de pocos meses, tal vez semanas, la ciudadanía española tendrá que soportar unos recortes aún más brutales que los que hasta ahora hemos conocido en los cuatro años que llevamos de crisis. Subirá el IVA, bajarán las pensiones o se acelerará el aumento en la edad de jubilación (o ambas cosas), se recortará el sueldo y el número de funcionarios, subirán los impuestos a la gasolina, aumentarán aún más las tasas…
El Gobierno tendrá que aplicar un recorte tan brutal como el de Grecia, como el de Portugal, que hará de las actuales medidas una broma. Va a ser un sapo durísimo de tragar porque la culpa de este nueva vuelta de tuerca será de unos bankeros, de un establishment político y financiero, que ha vivido por encima de la posibilidades de la sociedad española. En un país con el paro al 25%, con la jefatura del Estado debilitada por el caso Urdangarin cuando no caza elefantes, con el Tribunal Supremo de semanas caribeñas, con la clase política cada vez más cuestionada, el riesgo de una ruptura institucional es cada vez más alto. Hay gasolina en la calle. Solo falta una cerilla, la gota que colma el vaso.
Ignacio Escolar-Estrella Digital
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