La Justicia es uno de los poderes del estado que comienzan a estar más en entredicho. Aunque quede lejana la famosa frase del entonces alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, que afirmaba que la justicia era un cachondeo, la verdad es que los españoles comienzan a preguntarse, a cuenta de los asuntos del CGPJ, qué es lo que está pasando.
Ayuda a entender la dimensión de la deriva el lenguaje que jueces y medios utilizan para definir la situación, y alarma aún más que estos señores y señoras entorchados, ahora con armadura, sean los que juzgan y resuelven las querellas que nos afectan como ciudadanos individuales, como colectivos o como sociedades mercantiles, me da igual. La locura que afecta al órgano de Gobierno es, además, el escalón más llamativo de esta escalera en espiral que comienza con la lentitud y el desorden que afecta a juzgados en todas las instancias.
Una justicia correcta es una justicia ciega, rápida y justa. Sin duda. Internet es un gran contenedor de información acerca de su funcionamiento. Hace unos días, se conocía la sentencia en casación que afectaba al derrame de Aznalcóllar, ocurrido en 1998. La noticia que acompañaba al dato era más suculenta que una resolución de cuyos antecedentes ya ni nos acordamos: los periodistas que habían cubierto el desastre ecológico, casi becarios entonces, eran padres de familia, jefes de sección, etc. Un despropósito que por conocido, sabido e interiorizado no deja de ser igualmente inadmisible.
El Tribunal Constitucional está constitucionalmente desautorizado por no cumplir los plazos de su renovación, y habrá de decidir no sabemos ya en qué condiciones sobre asuntos muy importantes que afectan a la gobernabilidad, los derechos civiles y otras bagatelas propias de un país democrático con ideas contradictorias. Afortunadamente, dicho sea de paso. Lo que no es de fortuna es que cada vez que hay que tomar una decisión en derecho, se hagan cuadros de lealtades fundamentados en las ideas de sus integrantes. Pasa lo mismo en el Tribunal Supremo: los conservadores, los progresistas y ¡un independiente!, que debió de enfadarse con alguno de los anteriores.
Con esa lógica y en esa dinámica, cómo no va a tomar partido por esto o por aquello el juez de juzgado que dirime asuntos que nos afectan cotidianamente a los particulares en función, por ejemplo, de las pintas, las ideas, el oficio, el lugar de residencia o la raza, de los litigantes. Con los ejemplos de independencia e imparcialidad que provienen de arriba es lógico que la cascada termine por ahogar al humilde contribuyente que, además, es ciudadano y que tiembla angustiado cuando ha de verse en la sala correspondiente por esto o por aquello.
No es de recibo, como suele decirse, este panorama. Ahogados en las penas económicas y bajo la presión de los mercados, los españoles necesitan poder mirar a alguna parte donde encuentren además de consuelo, alivio a sus preocupaciones, porque cómo poder fiarnos de una justicia que actúa como actúa. La independencia de poderes con este esperpento, es una quimera. Y por seguir con Valle, ello nos define como” una deformación grotesca de la civilización europea”- porque, al menos que sepamos, allí donde nos mandan, estas cosas no pasan. ¿O si?
Rafael García Rico