La alegría causada por la recuperación de Códice Calixtino se ha visto empañada por una noticia que asegura que su presunto ladrón estuvo sustrayendo objetos de la Catedral de Santiago de Compostela «todos los días» durante unos 10 años.
Y ese empañamiento ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad del Patrimonio histórico-artístico de la Iglesia que, en definitiva, es el Patrimonio histórico-artístico de España. Digan lo que digan los demás.
De hecho, el Artículo 46 de la Constitución Española de 1978 dice:
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. Espíritu que se recoge en los últimos Acuerdos Iglesia-Estado de Enero de 1979 en los que se habla de colaboración para preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural de la Iglesia, facilitar su contemplación y estudio, lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas.
¿Qué está ocurriendo entonces para que un tipo indeseable se lleve ‘todos los días’ algo de la catedral de Santiago y no se entere nadie?
No voy a entrar a valorar la postura de la Iglesia que es muy suya con su Patrimonio o si España ha estado gobernada durante muchos años por gente que no sabía distinguir el valor religioso del valor histórico-artístico. De todo ha habido en esta Tierra de conejos. Oscurantismo por parte de la Iglesia y sectarismo por parte del Gobierno. Pero eso es pasado. Lo que me pregunto ahora es si somos un pueblo de bárbaros tan grande que es capaz de despreciar de esta manera su acervo cultural…
Y la respuesta es que si. Que somos un pueblo de bárbaros. Porque resulta que, hasta en la conservación y seguridad de algo tan importante, España es un cachondeo. Y, en este caso, por partida doble ya que a la desnaturalizada división autonómica del Estado se une la antigua división de la Iglesia en Diócesis. Y, curiosamente, a las CCAA y a las Diócesis le corresponde la obligatoriedad de mantener su seguridad.
Y, claro, ya no es un problema de diecisiete opiniones distintas de diecisiete autonomías, ahora a esa locura hay que añadir las setenta diócesis que tiene la Iglesia en España. Y aunque las reagrupásemos en Provincias Eclesiásticas, la cifra es de catorce y es imposible poner a tanta gente de acuerdo. Depende de demasiadas cosas. Y mientras los interesados por mandato constitucional discuten sobre si son ‘galgos o podencos’, los listos están expoliando un patrimonio que es la envidia del mundo.
Ya sé que todo es cuestión de dinero, pero todo tiene solución. Y la solución pasa por recuperar competencias. Y eso lo tiene que hacer tanto la Iglesia como el Estado, para después llegar a un acuerdo en el que, aún siendo de titularidad eclesial, tanto los bienes muebles como los inmuebles, su protección y su seguridad pasen a manos del Estado. Y que el Estado realice una fuerte inversión en medidas protectoras y en personal. Entre otras cosas, se crearían miles de puestos de trabajo.
Hay que tener en cuenta que en la España que se nos avecina a toda velocidad, donde el sector turístico será la gran base de nuestra economía, estaría bien que el Estado protegiese esa posibilidad incalculable de turismo cultural y de interior como complemento a directo al de sol y playa.
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La sonrisa de la avispa