Mientras los mercados nos torturan con sus decisiones arbitrarias, en España siguen ocurriendo más cosas y muy importantes. La admisión a trámite de la querella contra los administradores de Bankia es un suceso de una enorme envergadura, que puede desembocar en el castigo de algunos de los grandes responsables de todos lo males de la economía y abrir el camino para que detrás vengan todos los demás. Felicito al partido UPyD y a su líder Rosa Díez por haber puesto en marcha el mecanismo y me congratulo de que no tuvieran razón los que criticaban lo que llamaban oportunismo de esta señora. La democracia sale ganando con este pequeño partido que tiene la libertad y el decisionismo de utilizar su posición de independencia a favor de la justicia y la decencia y de los intereses generales de los españoles, tan lejos muchas veces de esos otros intereses de los grandes partidos, necesitados de una inaplazable regeneración ética y política.
El otro suceso es la decisión del Gobierno de echar por la borda el vigente sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Utilizan como argumento la necesidad de democratizar y despolitizar al citado Consejo, impidiendo que doce de sus veinte miembros sean elegidos por el Parlamento para pasar a serlo por los jueces. Es un argumento absolutamente falaz. El Poder Judicial es uno de los tres poderes tradicionales del Estado, por lo que su órgano de gobierno tiene que proceder necesariamente de la voluntad popular, ya sea por elección directa, ya lo sea a través del Parlamento representativo del pueblo mismo. Designarlos por la voluntad de los jueces de la carrera profesional es corporativista y antidemocrático. Y en el caso de España supone además poner la gran mayoría del poder judicial en manos conservadoras, pues se sabe que más del 80 por ciento de esos profesionales son de esa tendencia, coincidente con el PP, sea cual sea el resultado de las elecciones generales. ¿A eso le llaman democratización y despolitización? El sistema a implantar es antidemocrático, anticonstitucional y eternamente partidista, del PP.
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Pedro Calvo Hernando