El pasado viernes 27 de julio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmaba contundentemente: “No va a haber rescate ni el rescate es una opción”. Sin embargo, después de tantas mentiras, rectificaciones y cruce de estimaciones contrapuestas por parte de los miembros del gobierno, ¿alguien puede creerle? Da la impresión de que la respuesta de la vicepresidenta a los periodistas abona más un deseo que la realidad. Ésta es bien distinta: la refleja mucho mejor el semanario The Economist en su último número. El artículo intitulado The Spanish patient (El paciente español) nos anuncia que España, a más tardar, va hacia un rescate completo en el mes de noviembre. El cuadro clínico de España es el siguiente: las recaídas del paciente, después de cada dosis de cura, son más prontas y más rápidas; la deuda pública a corto y a largo plazo ronda el mismo porcentaje (7%); se obtura la posibilidad de pedir prestado a corto plazo; no podrá reducir el déficit público (en 2012, el 6,3%; en 2013, el 4,5% y en 2014, el 2,8% del PIB) porque tanto la recesión como la caída de la demanda interna hacen que dichos objetivos sean inviables; tampoco podrá reducir la deuda externa puesto que la huida del capital extranjero por ahora no tiene vuelta atrás (100 mil millones de euros); la capacidad de ahorro se desvanece; y, por último, los vecinos del paciente, por un lado, Italia cada día teme más la extensión de la infección y, por otro, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, temen perder su apreciada triple A si los rescates se propagaran.
A todo ello hay que añadir que el equipo médico que atiende a España parece haber tomado la decisión de dejarla, sine die, en estado de coma: ninguna de las medicinas aplicadas reavivarán al paciente, todas ellas se encaminan a taponar el crecimiento. Y como recientemente dijo el expresidente de España, Felipe González, “el que no crece no paga y el que se muere paga menos”. No obstante, el establishment de tecnócratas del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea, mandatados por Alemania, dan palmaditas al paciente indicándole que va por buen camino y le sugieren cortarse algunos miembros para evitar una gangrena total: reformar la Constitución, especialmente el Título VIII. ¿Qué le dicen? O renuevas el pacto constitucional o estarás condenado a ser gobernado desde fuera por tecnócratas. Es decir, si quieres conservar parte de tu soberanía, debes saber que, en tu estado, mantener 17 Comunidades Autónomas es inviable.
La situación que se avecina es de emergencia: comienza a fallar el riego sanguíneo, la sístole (soberanía nacional) y la diástole (democracia) declinan gravemente, y aparecen indicios de que hay que intervenir masivamente el cuerpo social y político de España. Ante esta sintomatología, la receta es: o soberanía democrática o protectorado tecnocrático. En suma: o democracia recortando las autonomías o tecnocracia impuesta desde fuera.
Esta es la razón por la que muchos, con tal de salvar al paciente como sea, están hablando de un “pacto de Estado” o “consenso nacional” que nada tiene que ver con el Pacto de la Moncloa (25 de octubre de 1977). Ahora se trataría de alcanzar un gran acuerdo nacional para salir de la crisis y actuar unánimemente en Europa con el fin de cambiar el recetario de la austeridad y las funciones del BCE. Como mínimo ese acuerdo tendrían que formalizarlo el PP y el PSOE. Es evidente que para ambos partidos la supuesta “salida” contiene muchos problemas y supone asumir “riesgos” no menores. En este artículo me centraré en las contrariedades que dicho desenlace acarrearía al PSOE.
Primero, si el PSOE, por la responsabilidad de ser partido de gobierno y de mayorías, asume el pacto, ¿qué ocurrirá con las medidas ya adoptadas por el gobierno de Rajoy?, ¿se acopla y se hace corresponsable de la reforma laboral, del copago sanitario, del recorte de la educación, del empobrecimiento de las prestaciones por desempleo, de la amputación de la ley de dependencia, etc.? Segundo, ¿corroborará que estos 30 años de desarrollo autonómico han sido inútiles y aceptará que las diputaciones provinciales vuelvan a cobrar prestigio y relevancia frente a los ayuntamientos? Tercero, ¿creen que el pacto de gobierno en Andalucía con I.U. se podrá mantener en pie? Y en Asturias, ¿acaso I.U. iba a mantener el gobierno con una huelga minera que no alcanza a vislumbrar la solución? En Euskadi, ¿nos presentaríamos cogidos de la mano con el PP? Ya no hablo de Galicia, no hace falta. Cuarto, ¿esperamos que los sindicatos se sumen al pacto? Ahora que UGT y CC.OO han logrado que tanto el CSIF como la CGT también estén a favor de convocar una huelga general, ¿confían en que les sigan en este descabellado ejercicio de responsabilidad?
Quizá argumenten que el pacto es coyuntural: solo hasta salir de la crisis. Pero mientras tanto, ¿quién hará la oposición? ¿Qué sentido tiene renunciar a la oposición si el PP tiene mayoría absoluta? ¿Esperamos que I.U. no reaccione y renuncie al sorpasso? Después de tanta responsabilidad, ¿se escandalizará el PSOE de que la juventud española lo equipare al PP? Por si faltan argumentos contra un pacto de ese perfil, decir que en su tiempo también se aseguró que el PP iba a gobernar coyunturalmente en Valencia y en Madrid. Y miren ustedes por dónde: llevan más de 20 años con mayoría absoluta.
Además, ¿quién nos garantiza que tras darnos el dinero del rescate total y de embolsarse la banca teutona la parte que le debemos, no nos digan que es el momento de salirnos del euro? Primero el paciente paga y después lo echan del hospital porque dicen que la aseguradora no está dispuesta a asumir más perdidas. El paciente pone en peligro los intereses de la propia compañía y ésta lo deja desnudo con la bata puesta al albur del viento de la historia.
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Mario Salvatierra