Las Comunidades Autónomas padecen de una bancarrota incuestionable. No sólo las habituales en los listados de despilfarro y mala gestión, también aquellas otras que se ocultaban en la timidez y la inadvertencia. Ahora, cartas sobre la mesa y boca arriba, la realidad exhibe que nuestro estado gasta de manera escandalosa los impuestos de los españoles, que la caída en la recaudación por el fin del ladrillo lastra a las administraciones pequeñas y medianas y que la falta de actividad económica ha supuesto, finalmente, el dardo final en nuestro modelo de organización política.
Desde un punto de vista estrictamente liberal, existe en España un sobrepeso de la administración de muy difícil justificación. En muchos casos, las instituciones intervienen en espacios que deberían pertenecer a la iniciativa privada puesto que no hay justificación social que explique la existencia de determinadas empresas públicas, por ejemplo, ahogando los impulsos de la sociedad para gestionar empresas viables y rentables.
La competencia desleal del Estado no sólo es un asunto que afecte a la administración central, también, y en mayor medida quizá, a las administraciones periféricas del Estado y a la local. Muchos municipios se empeñaron en apadrinar mediante el impulso público iniciativas que deberían haberse fraguado en la realidad de la sociedad civil, sin intervencionismo de ningún tipo. Ahora con la crisis del ladrillo encima, no hay municipio que proyecte actividad económica porque la sociedad está anestesiada y se lo fiaba todo a la iniciativa pública hoy desvanecida.
Desde un punto de vista de izquierdas, el Estado debería adquirir la dimensión razonable y suficiente para resolver las necesidades de los ciudadanos apostando por políticas públicas de igualdad y asegurando servicios públicos indispensables para los más desfavorecidos. La izquierda debería haber velado por asegurar que la equidad y la justicia social prevalecieran frente al monstruo de siete o diecisiete cabezas que, además, ha fomentado la desigualdad de oportunidades y ha multiplicado innecesariamente servicios que finalmente no han podido costearse. Ni quién ni dónde estaban en la doctrina socialista. Estaba el qué. Lo importante no era la administración, sino el administrado. Lo importante no era la organización territorial, sino la organización social.
Andalucía se sumó ayer a la petición de rescate. Usa un eufemismo particular aunque lo atribuye al lenguaje empleado por la Comunidad Valenciana para solicitar un crédito: ahora, Andalucía “rescata” el concepto “anticipo”. Impresentable. No vamos a insistir en la continua tomadura de pelo que se esconde con la tergiversación del lenguaje, sólo vamos a recordar a la autodenominada clase política, que es muy difícil sostener con respaldo social un sistema que se multiplica indefinidamente y que consume en asuntos propios los presupuestos públicos, dejando en el abandono a enfermos, parados, pensionistas, autónomos, etc. y que la sociedad, antes o después, terminará por rechazar este modelo de estado. Reformen cuanto sea necesario para recuperar el consenso social y reducir y aplicar adecuadamente el presupuesto público defendiendo los verdaderos intereses y necesidades de los españoles.
Editorial Estrella