Para paliar los terribles efectos de los incendios de este verano, uno de los peores que se recuerda, al Gobierno no se le ha ocurrido presentar un plan de limpieza de los montes, contratando expertos forestales que dirijan cuadrillas para desbrozar la maleza. No. Se le ha ocurrido echar mano de una vieja legislación que permite obligar a los parados a trabajar, sin cobrar por supuesto, si no quieren perder la prestación de desempleo. Como esos condenados que evitan la cárcel prestando gratis servicios a la comunidad.
La legislación ya existía y la ministra de empleo, Fátima Báñez, lo único que ha hecho es actualizarla, es verdad. Pero también es cierto que el paro, como se le conoce coloquialmente, solo lo cobran aquellos extrabajadores que han cotizado, no solo a la Seguridad Social, si no a la prestación por desempleo. Por tanto solo están recogiendo lo que sembraron con su esfuerzo. No se les está regalando nada. ¿Por qué tienen que hacer una aportación extra y obligada a la sociedad?
La medida tiene el tufillo de otras disposiciones del Ejecutivo con las que se pretende trasmitir la imagen de que los parados son responsables de su desgraciada situación y no hacen todo lo posible para buscar empleo. Se habla de fraudes, cuando son minoritarios, y se quiere llevar a la ciudadanía al convencimiento de que los casi cinco millones de desempleados que hay en España son un hatajo de holgazanes que viven del Estado.
Como si este Gobierno y el anterior no fueran responsables, con unas políticas económicas nefastas, del terrible problema que representa ser el país de la UE con la tasa más alta de paro. Como si esa cifra maldita de cerca de cinco millones de personas sin empleo no fuera en estos momentos, junto a la crisis de la deuda, el peor lastre para el crecimiento.
Para suavizar el tono de la propuesta y tranquilizar a las familias de los trabajadores forzosos ya se ha advertido que no serán obligados a actuar de bomberos y que su labor comenzará cuando se hayan extinguido las llamas. ¡Faltaría más! Una cosa es ahorrarse los salarios de los agentes forestales y otra mandar a un exfrutero a que se inmole en el monte.
Se supone que tampoco se prevé que un profesor de filosofía se vea forzado a talar troncos calcinados o que un herrero de sesenta años deba hacer alcorques para reforestar un pinar. ¿O se quedarán sin subsidio de desempleo si se niegan, en casos como los mencionados o en otros parecidos?
Y las paradas, ¿van a tener, pico y pala en ristre, que arreglar los daños irreparables que la falta de previsión, el recorte en las partidas de prevención de incendios y en el desbroce de la escasa masa forestal que todavía nos queda, han producido?
Hemos pasado del Estado despilfarrador al Estado explotador, rácano y abusón.
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Victoria Lafora