La presidenta de Castilla La Mancha, Dolores de Cospedal ha sacado adelante su propuesta de reducir a la mitad el número de parlamentarios de su comunidad, un acierto, y de que los diputados no cobren sueldo, sólo dietas por asistencias a comisiones o plenos. (Gallardón ya había adelantado otra propuesta similar para los miembros del Consejo General del Poder Judicial). Es posible que esta propuesta, hecha por quien es, además, secretaria general del Partido Popular, cuente no sólo con el respaldo de muchos de los votantes de este partido, sino, lo que es mucho peor, de otros presidentes autonómicos y, si me apuran, que acabe extendiéndose al Congreso y al Senado. Dado que los políticos son el tercer problema más importante para los españoles, según las encuestas del CIS, y que una mayoría de españoles piensan que hay que adelgazar el Estado, podemos entrar con mucha facilidad en una espiral en la que la demagogia y el populismo creen un problema nuevo en lugar de solucionar el que tenemos.
Siempre he defendido que los políticos están mal pagados. Es indigno que el presidente del Gobierno español cobre menos que los presidentes de otras instituciones o comunidades autónomas, e infinitamente menos que el consejero delegado de una empresa importante. La responsabilidad que asume merece un sueldo digno que no tiene. Lo mismo se puede decir de los ministros y de otros altos cargos. Otra cosa es que deban ser responsables de su gestión, que deban asumir responsabilidades por sus decisiones, que sean absolutamente austeros en el gasto y que ofrezcan transparencia plena en todas las cuentas públicas. En todas las instituciones, desde el Gobierno de la nación a la más pequeña empresa o institución pública.
Pretender que quienes acceden a la política y no tengan cargos públicos vivan exclusivamente del ejercicio de su profesión -aunque, repito, pueda ser aplaudido por muchos con las orejas- condena a que a la política sólo acudan los mediocres. A que los que pierdan, abandonen inmediatamente el escaño. Y a que lo que no pague el Estado lo deban sufragar, que no creo que lo hagan, las empresas para las que trabajan los diputados electos. ¿Se imaginan ustedes que una empresa acepte que un trabajador suyo se pase dos o tres días a la semana en las Cortes autonómicas o en el Congreso de los Diputados, abandonando su puesto de trabajo? ¿O tendrán que hacer su trabajo de preparación de enmiendas, de asistencia a comisiones, de control del poder desde su despacho profesional, a costa de su empresa?
El problema es otro. La absoluta ausencia de asunción de responsabilidades: nadie paga por la gestión fraudulenta. El problema es la burocracia de los partidos, el despilfarro de las subvenciones sin las cuales no se mantendrían ni partidos ni sindicatos. El problema son los trileros y los malos profesionales que han hecho de la política su única profesión. Pero demonizar a los políticos, convertirlos en una casta perseguida incluso desde el poder es populismo barato.
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Francisco Muro de Iscar