Ni el delincuente común más contumaz, ni el más sádico, se pasa diez meses robando a la misma víctima. Da el palo y sale de naja. Las Cajas de Ahorro nacionalizadas, sin embargo, deben encontrar un raro deleite en le tortura lenta, en el ilícito despacioso, en la sirla continuada, en la sustracción dilatada en el tiempo, pues mantienen a los 700.000 ahorradores españoles víctimas del tocomocho de las Participaciones Preferentes en continuo estado de despojo. Como es muy difícil esa congelación del tiempo para las posibilidades humanas, las Cajas nacionalizadas, o sea, el Gobierno, emplean todo tipo de argucias y de trucos de feria para mantener viva y activa, de noche y de día, la sustracción alucinante, ora mediante promesas invariablemente incumplidas sobre un cese del ilícito o «canje», ora mediante bulos que difunden falsas expectativas, ora mediante el MOU que anuncia mayores «quitas» en un futuro impreciso, ora haciendo creer a las víctimas que no podrán recurrir a la Justicia porque, en realidad, son socios del caco que les manga su dinero.
Semejante atentado contra la seguridad jurídica, que lo es, en consecuencia, contra el propio Estado de Derecho, semejante desprecio por las personas víctimas de una estafa, semejante abominación de la virtud del ahorro, semejante impunidad, viene a ser la guinda, la agusanada guinda, que corona la acción social, antisocial más bien, de éste Gobierno que, no se sabe por qué extraña razón, cree que su función es maltratar a la gente y subvertir el orden normal de las cosas. ¿Qué le ha hecho la gente? ¡Pero si le han votado hasta la extenuación de la mayoría absoluta! ¿Y las víctimas de la banca descontrolada y agreste que ha tenido que ser rescatada por todos, incluso por los que no tenían ni tienen un duro en el banco, y por los que son arrojados de sus hogares en la actual e infame tormenta de desahucios? ¿Qué le han hecho?
El Fiscal General del Estado, señor Torres Dulce, que tan dubitativo se había mostrado ante la monumental estafa, acaba de cursar órdenes para que se de prioridad en los juzgados a las demandas por las Preferentes. Contra lo que parece, eso es más dilación, más sufrimiento para las víctimas, más incertidumbre y más angustia para quienes, en su inmensa mayoría, jamás pisaron un Juzgado. Devuélvase, sin más, lo sustraído, cese el odioso delito, que ya se compadecerá en un futuro, si procede, al delincuente.
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Rafael Torres