La presentación de los presupuestos en la comunidad castellano manchega se ha impuesto en la actualidad por dos razones consistentes: la expresión de la manera de concebir el gasto autonómico por una de las dirigentes más relevantes del PP y por contener la supresión de las retribuciones en forma de salario que hasta ahora percibían los cuarenta y nueve diputados del parlamento regional.
Coincide esta presentación con algunos reproches de dirigentes autonómicos del PP, que han manifestado reticencias al presupuesto presentado por el Gobierno el sábado pasado, precisamente en vísperas del encuentro de los presidentes autonómicos en la llamada Conferencia de Presidentes, que se celebrará hoy en el Senado.
Y coincide también con las duras críticas por parte de la oposición y los agentes sociales a la distribución del gasto planteada por el ejecutivo, y en un clima de debate electoral en tres importantes autonomías.
Pero lo que verdaderamente ha llamado la atención es el cumplimiento sobre el papel de lo anunciado en declaraciones anteriores sobre la finalización del concepto de dedicación exclusiva de los parlamentarios, pasando a percibir sus emolumentos en concepto de gastos y dietas, lo que supondrá un recorte del gasto de un millón de euros.
Los ciudadanos «necesitan saber que aquellos que trabajamos en este oficio público también estamos dispuestos a dar ejemplo», ha dicho la presidenta al presentar la medida que supondrá un recorte del 10% en la partida destinada a las Cortes, que es de ocho millones.
La oposición critica, sin embargo, que la partida de altos cargos de la administración es bastante más sustanciosa, 69 millones, y que el recorte previsto sólo la reducirá en dos millones.
De un lado, no deja de ser una buena noticia el debate sobre el coste de la representación política, pero de otro la medida radical deja planteada la reflexión en torno a la capacidad de control del ejecutivo que corresponderá a una Cámara legislativa sin dedicación absoluta. Lo cierto, es que los recortes en altos cargos y sus sueldos deberían suponer un verdadero ejemplo de austeridad y que la iniciativa prevista apenas es significativa.
Hay muchos nombramientos que suelen generar inquietud por el nepotismo o amiguismo que subyace en ellos, además de expresar una concepción del gobierno con pocos rigores éticos.
Los ciudadanos no son ingenuos y pueden saludar la iniciativa de De Cospedal como una forma de dar ejemplo, pero no ignorarán que para que esa medida sea realmente el fruto de un cambio de interpretación de los excesos de la política por parte de los gobernantes, debe haber ejemplo y rigor en todas las dimensiones de la actividad pública, de su núcleo y de sus aledaños.
Que se abra esta vía, en cualquier caso, es una oportunidad para hablar en profundidad sobre las verdaderas necesidades y los engañosos excesos de la democracia.
Editorial Estrella