Esta es la noticia: La jueza de Instrucción número 8 de Plaza de Castilla, que tomó declaración a los 34 detenidos por los incidentes del 25-S alrededor del Congreso de los Diputados, se ha inhibido del conocimiento de este procedimiento judicial a favor del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Santiago Pedraz, quien, a su vez, la semana pasada rechazó investigar estos hechos al considerar que no eran de su competencia. En definitiva, un cachondeo. Un pitorreo judicial.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid considera que «existen motivos bastantes» para estimar que los detenidos durante los incidentes registrados el 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado, en un auto en el que, a pesar de esta consideración, les dejaba en libertad, incomprensiblemente.
El juez Pedraz, por su parte, pensó que la Audiencia Nacional (AN) no era competente porque, al parecer el informe de la propia Policía solo acusaba a los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, sin mencionar la posible imputación de un delito contra las Instituciones del Estado y eso le hizo enviar el caso a la justicia ordinaria. Fuera problemas.
No voy a entrar en quien tiene competencia sobre los aciagos sucesos del 25-S. Pero no deja de ser un cachondeo que la justicia española juegue con unos ciudadanos que llevaron a cabo unos disturbios muy graves y cometieron un delito al intentar el allanamiento del Congreso. Y esa es la realidad. Y aunque la acción quedase en el grado de tentativa por la intervención policial no deja de ser un ataque al Estado de Derecho y eso es algo demasiado serio en una democracia para que dos jueces jueguen al ping pong con ellos por esa guerra interna que existe en España a causa de las distintas jurisdicciones. Que esa es la otra realidad.
Pero lo más penoso aún es que la Audiencia Nacional, con toda seguridad, devolverá las actuaciones a la jueza de Plaza de Castilla. Y la cosa ya rozará la esquizofrenia. De hecho, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ya lo da por hecho al defender la actuación del juez Pedraz ya que, para ella, intentar calificar el asalto al Congreso como algo grave sólo fue una calificación política apresurada. Incluso, va más allá y asegura que, en su opinión, el intento de toma del parlamento por parte de integrantes del movimiento 25-S no le pareció sino que «fue el ejercicio legítimo por parte de los ciudadanos del derecho a manifestarse, a expresarse». Apaga y vámonos. No me extraña que los del 25-S volvieran al día siguiente y al otro y que vuelvan cuando les dé la gana. Aquí vale todo.
Al final va a resultar que la culpa de todo es de la policía porque no calificó los hechos ante el juez Pedraz como un delito contra las Instituciones del Estado.
Pero la pregunta es ¿esa calificación es competencia de la policía, o de la fiscalía o del juez instructor…? De la policía, desde luego, no. Entonces, ¿por qué el juez o el fiscal de la AN no investigaron un poquito el tema…?
No sé. Pero todo me parece, insisto, un pitorreo judicial. Y hasta aquí puedo escribir.
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La sonrisa de la avispa