El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, siguió ayer en el Congreso la senda iniciada por su compañero de Interior dejando claro que el derecho de manifestación no se va a «modular», por mucho que le moleste a la Delegada del Gobierno en Madrid. Una desautorización en toda regla a una responsable política, a la que el cargo de dirigir la policía se le queda pequeño o que aspira, a base de demostraciones autoritarias, a sustituir a Jorge Fernández Díaz a quien la derecha del PP considera «demasiado blando».
Aunque Gallardón ha recordado que ningún derecho fundamental es absoluto, el Gobierno «no va a limitar el derecho constitucional de manifestación». Otro detalle significativo de la sesión de control se produjo cuanto el ministro de Justicia defendió la protección policial al Congreso pero se guardó su opinión sobre la actuación represora de la policía que tan criticada ha sido por su violencia. Parece pues que, por mucho que le molesten los manifestantes a Ana Botella, la ciudadanía va seguir manifestando su descontento con las medidas políticas que le perjudican amparados por la ley.
Otro enclave donde el hiperactivo responsable de Justicia ha querido poner orden es en los juzgados de lo social, colapsados por las demandas de despidos de las empresas. Ha propuesto a los jueces, que tengan tiempo libre en los juzgados de los que son titulares, que echen unas horas para ayudar a desatascar la sobrecarga de trabajo de lo social. El salario sería de unos mil doscientos euros, que no está mal como sobresueldo, pero que los jueces consideran «absolutamente insuficiente». Al menos una docena de ellos ha demostrado interés por la oferta que, de confirmarse, contribuiría a mejorar la imagen de indolencia que se les atribuye.
También tenía pendiente Gallardón un encuentro con las asociaciones de niños robados para contarles las gestiones a las que se comprometió el ejecutivo y que implicaban a los ministerios de Interior, Justicia, Sanidad, y al fiscal General del Estado. Estas instituciones prometieron resolver el terrible drama humano provocado por el robo de niños a sus padres biológicos que se produjo en España entre los años cuarenta y el final de los ochenta.
Las asociaciones quieren que se cree un banco de ADN para centralizar toda la información biológica de quienes cree ser niños robados y los padres que buscan a sus hijos a los que se dio por muerto en el hospital y acabaron siendo dados en adopción a familias de «sólidos principios». Pero las pruebas de ADN, imprescindibles para demostrar la filiación, siguen siendo un procedimiento muy caro que ningún ministerio está dispuesto a costear.
Gallardón ofrece, por el contrario la creación de un censo de posibles afectados donde figurará el domicilio, fecha de nacimiento, hospital etc. y al que puedan acudir las victimas que buscan a los suyos. Aunque insuficiente para los que sospechan que les robaron a su hijo, las familias que ya se están haciendo las pruebas genéticas pagadas de su bolsillo, consideran que este censo permitirá conocer, al menos, el alcance y la dimensión real del drama social.
Los afectados, que comprueban a diario la dificultad de probar vía penal los robos, consideran sin embargo que los testimonios del personal sanitario de los hospitales donde se produjeron los hechos están siendo de gran utilidad. La gravedad de lo ocurrido es de tal calibre que el ministro no debería dejar a su suerte a estos españoles que legítimamente quieren conocer su verdadera identidad.
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Victoria Lafora