El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha sido claro y rotundo en el escrito de 200 folios que ha enviado al juez José Castro, en el que solicita una fianza de 8,2 millones de euros a los responsables máximos del Instituto Nóos, o sea a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres. Una cantidad equivalente al dinero obtenido de las administraciones de Baleares y Valencia, cuando las presidían Matas y Camps, ambos del PP, a los que también da un fuerte varapalo por haber tomado decisiones administrativas injustas. El escrito, muy bien argumentado, demuestra hasta qué punto los representantes políticos han malgastado el dinero del sufrido contribuyente. Como lo han dilapidado no sólo en obras faraónicas que ahora nadie sabe qué hacer con ellas, ni cómo mantenerlas, y a los que hay que pedir responsabilidades económicas también, de la misma manera que se las piden al yerno del Rey y a su socio, ya que ellos fueron los que posibilitaron que Urdangarin y Torres se hicieran millonarios, sin haber pasado por el tamiz que exige todo contrato que se haga con las Administraciones públicas.
El escrito, muy bien argumentado, demuestra hasta qué punto los representantes políticos han malgastado el dinero del sufrido contribuyente
No sé, ni me importa, de dónde sacará el dinero Urdangarin para hacer frente a la petición del Ministerio Público, o si le embargarán los bienes a la Infanta por no haber sido más escrupulosa con lo que hacía su marido, cuando éste empezó a gastar cantidades ingentes de dinero. Me importa sí, que los responsables de este caso se sienten todos en el banquillo para que puedan defenderse -si es que tienen defensa-, de las acusaciones que se les hacen. Y que sea el juez quien, con todas las pruebas en la mano, les condene o absuelva.
Reconozco que no me gustan los juicios mediáticos porque puede darse el caso de que al tratarse de personas conocidas, famosas, populares, les estemos aplicando un castigo añadido que después no se corresponda con lo que decidan los tribunales. Dicho esto, también es cierto que si algo ha quedado meridianamente claro en este asunto es la arrogancia de quienes se creyeron que por pertenecer a tal o cual familia -en este caso a la Familia Real-, o a tal o cual partido -en este caso el PP-, están por encima de la Ley, que pueden saltarse a la torera los diques de contención de los que se vale la Administración para evitar que historias como ésta tengan lugar en un país democrático. De ahí la necesidad de que no quede ninguna sombra, ninguna duda sobre el papel que todos y cada uno de los imputados desempeñaron en este vodevil que tanto daño ha hecho a la clase política y a la monarquía.
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Rosa Villacastín