Convendría revisar la legislación que permite la concesión arbitraria de medidas de gracia e indulto a condenados. Es un privilegio que se conduce mal por la realidad de una sociedad democrática que funda su existencia política sobre la idea de separación de poderes. Hemos conocido que el gobierno concedió el pasado viernes un indulto a cuatro mossos de escuadra condenados por torturas.
No se trata de un delito cualquiera, practicado por cualquiera. Es el peor delito que un funcionario público, en el que se delega la facultad del ejercicio coercitivo de la violencia, puede cometer sobre un ciudadano al amparo de su autoridad y de la legitimación que esta le confiere para el uso de sus armas y de su poder.
Es el peor delito que un funcionario público puede cometer sobre un ciudadano al amparo de su autoridad
No es el primer caso, ni siquiera con respecto a estos condenados que ya fueron indultados hace unos meses, reduciéndoles la pena lo justo para evitar su paso por prisión, ante lo que la Audiencia exigió la entrada inmediata en la cárcel aun en contra de la costumbre. La idea, es evidente, era la de evitar que el poder político usara un privilegio atávico para impedir el cumplimiento de una sentencia que pretendía corregir un comportamiento que pone en cuestión la actuación del cuerpo al que los encausados pertenecen y que daña vivamente la percepción que la ciudadanía tiene sobre su propia seguridad entregada en manos de la seguridad del estado.
Ahora, doscientos jueces se quejan abiertamente de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, creándose, una vez más, un nuevo malestar entre la judicatura y el Gobierno, entre los jueces y el ministro de Justicia.
Ya es tarde para resolver este problema que tiene muy difícil explicación, salvo la de que los asuntos de fontanería de los aparatos del estado se ventilan solidariamente entre todos ellos, para escarnio y vergüenza de toda la sociedad que queda injustificablemente indefensa. Pero lo que es más insostenible en un estado de derecho es este privilegio de la gracia concedida por el gobierno.
Editorial Estrella