Si algo tenemos en común todos los españoles es la Constitución Española de 1978. Necesaria en cualquier Estado de Derecho. Aquélla que ampara o debería de amparar todos nuestros derechos y que rige nuestras normas. La realidad es bien distinta, tras 34 años bajo su salvaguarda, la Constitución está caduca. A lo largo de su corto período de existencia se han realizado pocas reformas, menos de las necesarias para la actualidad en la que vivimos. Sigue anclada en 1978, un período político de Transición en el que la Carta Magna iba acorde con la situación que entonces se vivía en España, y que gustara más o menos, fue una herramienta acorde y necesaria para el desarrollo de nuestra democracia. 34 años después, celebramos un buen trabajo que se hizo entonces y para entonces, pero que no ha sido actualizado a la necesidad y panorama moderno.
Nos dilataríamos en el tiempo analizando todos aquellos títulos y artículos que no se corresponden con la perspectiva contemporánea que hoy en día tenemos, bien porque la realidad es bien distinta o simplemente porque esas leyes no se cumplen. Dada la actualidad, me quiero centrar en un título y artículo en concreto. ‘Título 1 De los derecho y deberes fundamentes, en su artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’. Es para leerlo dos veces, o tres, y luego pensar en la digna señora Rigau.
Tras 34 años bajo su salvaguarda, la Constitución está caduca
Tiene el puesto de consejera de Enseñanza en la Generalitat de Cataluña. Cargo que no le corresponde. Debería llamarse consejera de la Enseñanza Catalana. Puesto que es lo que defiende, dejando de lado a todos aquellos ciudadanos catalanes a los que esta señora y su partido liderado por el anticonstitucional Artur Mas, dejan desatendidos. No entiendo esa indignación radical, forofa y absurda sobre las nuevas reformas que ha puesto en marcha el ministro de Educación José Ignacio Wert.
Independientemente, y nunca mejor dicho, del lugar y opinión, cualquier padre tiene derecho legitimado a que su hijo, esté en la comunidad autónoma que esté, tenga la opción de estudiar en castellano. Que los nacionalistas se escuden en que no se puede obligar a un centro escolar público a que si no da la alternativa a un alumno a estudiar en castellano, el centro escolar tendrá que pagar la escolarización de ese alumno en uno privado que sí lo ofrezca, no deja de ser pura estrategia. No creo que nadie dude de que antes asumen la posibilidad de implantar el castellano a la de tener que pagar la educación en un centro privado a 15 alumnos.
Parece mentira que una persona por el mero hecho de residir en Cataluña no pueda estudiar en castellano
Parece mentira que en 2012, casi 2013, una persona por el mero hecho de residir en Cataluña no pueda estudiar en castellano. Lo increíble es que no se pudiera tener la opción de elegir estudiar en castellano o en catalán prácticamente desde la transferencia de competencias de Educación del Estado a las comunidades autónomas. Una medida que si no se pone en marcha, dejaría a los ciudadanos de las comunidades autónomas bilingües sin el derecho a poder estudiar en castellano. Aunque todos seamos iguales ante la Ley.
Mientras tanto y anclados en la nueva polémica, la memoria nos vuelve a fallar. Parece que nadie se pregunta por aquellas denuncias y acusaciones de padres que hacían público que sus hijos no podían cursar sus estudios con el castellano como idioma vehicular y que rápidamente desde la Generalitat se desmentía diciendo que los planes de estudio admitían todas las opciones. Mentían antes y lo peor de todo es que no aceptan los derechos hasta ahora anulados de quienes no piensan como ellos. Parece cómico que justo haya sido la consejera de Educación quien haya dado la ‘espantá’ por respuesta, cuando eso es justo lo que le falta, educación, respeto y la defensa de los derechos de aquellos a los que representa.
Patricia Vico