La misión principal del Anteproyecto, según la información oficial distribuida, es claramente económica ya que sus impulsores remarcan que con esta iniciativa se logrará un importante ahorro estimado en unos 3.500 millones de euros, que se conseguirá alcanzando una serie de objetivos- que se pueden ver en la web de La Moncloa – entre los que han alcanzado mayor notoriedad la de limitación del salario de alcaldes y presidentes de Diputación – que no podrán cobrar más que uno de los más altos cargos políticos del gobierno de España – y la limitación del monto total de las retribuciones de la corporación municipal, que no podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del presupuesto municipal.
Sin embargo, es en ese espacio definido como prioritario, el económico, donde aparece uno de sus déficits más relevantes: el olvido del desarrollo de la profesionalización de la dirección de Ayuntamientos y Diputaciones fomentada en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Y es que el olvido de regular las características que han de tener quienes van a ser realmente los responsables de la eficiencia y la eficacia de todas las acciones que determinan los políticos, el modo de seleccionarlos, cesarlos y retribuirlos, de definir su perfil, los valores o la relación profesional, por ejemplo, son clave para la economía del mundo local.
El Consejo de Ministros ha recibido recientemente, del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el informe sobre el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, en su caso, deberá aprobar como Proyecto de Ley y acordar su remisión a las Cortes Generales para su debate y aprobación.
La dirección pública en los países desarrollados es la rótula entre quienes definen las políticas y los responsables de la prestación de los servicios
La dirección pública en los países desarrollados, como se sabe, es la rótula entre quienes definen las políticas – alcaldes y concejales, presidentes y diputados en el caso que nos ocupa – y los responsables de la prestación de los servicios y la ejecución de los proyectos – funcionarios, jefes de Unidades, Áreas, Departamentos… – y de que ese juego extremadamente sensible se produzca de un modo armónico. La relación entre directivos públicos y políticos, esa “Extraña pareja” como titulase su libro el profesor Carles Ramio, que ha producido interesante literatura académica, por otro lado, es clave para el éxito institucional. Sus actores han de poseer rasgos muy bien determinados para garantizar un buen resultado en término de productos y servicios y de balance económico.
Si desde hace ya mucho tiempo esto era así, actualmente cobra mayor relevancia en el contexto de una fuerte crisis económica, y precisamente ante el adelgazamiento del nivel decisor, ya que el propio anteproyecto propone eliminar 21.338 concejales en las próximas elecciones municipales.
El Anteproyecto, así, pierde una ocasión irrepetible de regular el factor más relevante de la verdadera reforma transformadora que necesita el mundo local.
Porque tras la fuerte descentralización impulsada en las últimas décadas, la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la intensa globalización en el marco europeo, muchos señalan que ahora se trata de avanzar hacia la apertura, la gerenciación y la gobernanza en el mundo local para lograr ese cambio tan reclamado por todos.
La clave de ese tránsito pasa, pues, en buena parte, por un cambio en la definición y la estructura del liderazgo público y más concretamente en el nivel de la dirección pública. Ese nivel es decisivo para garantizar la calidad de los servicios que se prestan y las políticas que se diseñan y desarrollan. Ese nivel es determinante en la dinámica de la ejecución presupuestaria. Por ello es imprescindible promover la idea de la Excelencia en el sistema de formación, selección, desempeño y retribución del nivel directivo de las organizaciones públicas, hacia el desarrollo de la dirección pública profesional, cuando hablamos de economía pública.
El anteproyecto sí propone tres cambios en el entorno de la dirección pública profesional, modificando la regulación del personal eventual, pero tan sólo limitando su número; limitando y haciendo más transparente el sistema retributivo del personal de alta dirección; y definiendo el modo de reclutar coordinadores y directores generales, restringiendo el acceso y dejándolo solo al alcance de funcionarios.
No se puede desaprovechar la ocasión para asegurar un modelo de gestión diferente basado en la profesionalización de la dirección pública
Al no regular ese espacio del modo que propone el EBEP, dotándose de una dirección pública profesional de un modo sistémico, se cae en dos importantes errores. Por un lado, el de cerrar en exceso el espacio de coordinadores y directores, ya que la sola pertenencia a algún cuerpo de funcionarios no garantiza que el nombrado tenga las habilidades de alta dirección necesarias y los conocimientos y experiencia imprescindibles – por otra parte impedir el acceso a profesionales de la dirección de organizaciones relevantes del mundo privado empobrecerá ese nivel –; y por otro lado dejar sin ninguna regulación los otros dos espacios – alta dirección y eventuales – nos lleva a dejar las cosas casi tal como están, no en número – que se reducirá – sino en calidad profesional.
Este es el momento de alcanzar un acuerdo sobre cuáles son los rasgos de titulación, experiencia y habilidades que ha de tener cualquier directivo público – sólidos conocimientos de presupuestación, contratación, evaluación de programas, dirección de equipos, etc. – cómo se le ha de retribuir – cual ha de ser el volumen de la parte variable y como se ha de evaluar su desempeño – , cual ha de ser su vinculación laboral, cual la duración de su relación – superior al tiempo del mandato en el que se produce y/o vinculada a un plan o unos objetivos bien definidos – y las causas de su cese – nunca basadas en la confianza política, por ejemplo -, entre otros aspectos. Es el momento de alcanzar ese acuerdo e incorporarlo al texto definitivo del Anteproyecto.
Siendo completamente cierto lo que sostienen los municipalistas, y a su frente el expresidente de la FEMP, Juan Ignacio Zoido, cuando dice que “los Ayuntamientos formamos parte del problema, pero no somos el principal problema”, ya que la local redujo su deuda pública en último ejercicio económico, no se puede desaprovechar la ocasión para asegurar un modelo de gestión diferente basado en la profesionalización de la dirección pública.
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