Acabo de comparecer en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Constitucional, para hablar sobre la futura ley de transparencia. No suelo prepararme mis intervenciones por escrito, no me gusta leer, y mi intervención final no ha coincidido frase por frase con este texto, en su completa literalidad. En unas horas, estará en el diario de sesiones. Os dejo en cualquier caso la intervención que llevaba preparada y que refleja en gran medida mi posición y mis propuestas sobre esta ley.
Señor presidente, señorías.
Me paso el día hablando en público, es parte de mi trabajo, pero les aseguro que nada me impone más respeto que dirigirme a esta comisión.
Agradezco la invitación para comparecer en el Congreso ante una ley que considero que es hoy la más importante para la sociedad y para mi profesión. En ese orden: primero los ciudadanos y luego los periodistas, que no somos más que meros intermediarios de ese derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz» que reconoce la Constitución.
En los años setenta, precisamente en la década en la que se aprobó nuestra Constitución, otros países europeos de más larga historia democrática regularon ese nuevo estadio en ese derecho a recibir información veraz que pasa por la transparencia. España llega casi cuarenta años tarde a este derecho, como a tantos otros. Somos, para nuestra vergüenza, el único país europeo con más de un millón de habitantes que aún no tiene aprobada una ley de transparencia. Por eso tienen ustedes una responsabilidad histórica.
La democracia española no se puede permitir cerrar en falso esta gran reforma pendiente
La democracia española, más aún en las circunstancias en las que estamos, no se puede permitir cerrar en falso esta gran reforma pendiente.
La transparencia no es un capricho de la prensa, ni una curiosidad cotilla de los ciudadanos por saber qué ganan los políticos o cuánto se gasta en peluquería la Casa Real. Tampoco es un sinónimo de ética, como erróneamente se suele utilizar en algunos discursos.
La transparencia y el derecho a la información es la única garantía de que la democracia va a funcionar. De la misma forma que hace treinta años se asumía que un país sin libertad de prensa no es un país democrático, hoy –en el siglo XXI, en la era de Internet– una democracia sin transparencia y sin derecho de acceso de las personas a la información pública es, simple y llanamente, una democracia de baja calidad.
En algunos ámbitos, no solo no hemos avanzado en estos treinta años sino que incluso hemos ido hacia atrás. Como recordarán algunos de ustedes, en los primeros años de la democracia las declaraciones de la renta de todos los contribuyentes –de todos, no solo de algunos políticos– fueron públicas. Cualquier ciudadano podía consultar cuánto declaraba ganar su vecino, o el empresario más rico de su ciudad, o su alcalde. Lo siguen haciendo algunos países nórdicos y es, sin duda, una buena herramienta para combatir el fraude fiscal. En España dejamos de hacerlo con la excusa del terrorismo porque al parecer ETA usó esa información para sus secuestros. Ya no existe esa amenaza, pero dudo que exista voluntad política para recuperar una medida que hoy es aún más necesaria que cuando estuvo en vigor.
¿Qué es la transparencia? No hablo de que ustedes, señorías, hagan públicas sus declaraciones de la renta y patrimonio, como por fin se aprobó hace un año. Eso es un mínimo, la medida más básica que cualquier país civilizado aplica para combatir la corrupción.
La transparencia va mucho más allá y parte de algo que, por ahora, no está recogido en la ley que ustedes discuten: que el derecho de acceso de las personas a la información pública sea un derecho fundamental, como así lo reconoce el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus observaciones al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
No es un detalle simbólico ni una simple cuestión estética. Vivimos en un país descentralizado, con numerosas regulaciones autonómicas, y si no se le da al derecho de acceso a la información pública la categoría de derecho fundamental, la ley que ustedes pretenden aprobar perderá gran parte de su poder transformador.
También es importante que el derecho de acceso a la información pública tenga la máxima consideración, porque España es un país muy especial: no solo somos los últimos en transparencia. También somos uno de los Estados donde más estrictas son las regulaciones sobre privacidad y protección de datos. Somos uno de los países europeos donde la Agencia de Protección de Datos más recauda en multas, y está bien que la privacidad se proteja. Pero no podemos ser el alumno aventajado en las regulaciones sobre protección de la intimidad, pero los últimos de la clase en transparencia.
Es una situación que ustedes deberían equilibrar, poniendo al mismo nivel el derecho de información y el derecho a la privacidad, y evitar así que la privacidad sea la excusa para negar información, que en ningún caso afecta a la intimidad de las personas, como demuestra la práctica de otros países.
La gestión de los recursos públicos tiene que ser más transparente que el cristal porque la luz y los taquígrafos son el desinfectante más eficaz que se conoce contra la corrupción.
La gestión de los recursos públicos tiene que ser más transparente que el cristal
La transparencia funciona por una razón: que la información modifica el resultado. Como periodista, estoy completamente seguro de que muchos de los recientes escándalos relacionados con la corrupción y los abusos de poder se habrían evitado si en su momento hubiésemos tenido una ley que garantizase una mayor transparencia en la gestión de lo público. Por ejemplo, ¿habríamos tenido a un presidente del Consejo General del Poder Judicial viajando de placer por España a costa del contribuyente si sus gastos y su agenda hubiesen sido una información pública, como sucede en otros países? ¿Habrían aceptado cobrar tres dietas en una misma mañana unos políticos en la caja de Navarra de no ser por el secreto que les permitía tomar impunemente esa decisión? ¿Se habrían atrevido a hacer tal cosa esos políticos si en ese mismo momento lo hubiesen conocido sus votantes?
Los Eres de Andalucía, el caso Nóos, el caso Palma Arena, el caso Gürtel y, en general, la práctica totalidad de los escándalos de corrupción tienen un gran elemento en común: la opacidad, que permite arbitrariedad en las decisiones públicas, que es el caldo del que se alimenta la corrupción. Los españoles no somos ni más ni menos corruptos que cualquier otra nacionalidad. Lo que explica este rosario de escándalos es una deficiente regulación institucional, no nuestro carácter mediterráneo ni cualquier otro argumento sociológico de barra de bar. La relación entre corrupción y opacidad es directa. Por eso esta ley que ustedes tramitan es hoy la más importante de las reformas que necesita este país para romper con esta peligrosísima brecha institucional que se está generando entre esta cámara y sus representados, los ciudadanos. Es una de las razones que explica por qué los políticos aparecen en las encuestas como uno de los grandes problemas del país, o porque este Congreso necesita hoy protegerse tras una muralla policial.
Por eso no pueden hacer una ley de mínimos con la que cubrir el expediente y que en el fondo nada cambie para que todo siga igual.
Es un cierre en falso, por ejemplo, que no se cumpla la norma de que todo organismo que reciba dinero público sea sometido a la transparencia. Es lógico que los partidos, los sindicatos y la patronal entren en esta definición, pero la ley tiene que ir más allá. También tienen que estar sometida a la ley de transparencia las ONGs. Y la Iglesia Católica, que recibe sustanciosos fondos públicos, muy por encima de los de cualquier partido. Y también a los medios de comunicación.
Sé que muchos otros directores de medios en España prefieren la opacidad actual. Para algunos es mucho más rentable. Pero se lo ruego, por los ciudadanos: incluyan los contratos de publicidad institucional entre la información que debe ser absolutamente transparente en todas las administraciones y creen un registro específico donde se puede acceder con facilidad y de forma centralizada a esta información. Hoy es más sencillo conocer lo que ustedes discuten en la Comisión de Secretos Oficiales que saber cuánto dinero público reciben los medios de comunicación de las distintas administraciones y con qué criterios se reparte. Obviamente, y no hace falta que lo explique mucho, esta falta de transparencia debilita tanto a la libertad de prensa como a la propia democracia. Una prensa que dependa de decisiones arbitrarias del poder político para garantizar su solvencia económica nunca podrá ejercer ese periodismo independiente que necesita una democracia de calidad.
También me gustaría aprovechar esta comparecencia para pedirles que modifiquen el artículo 15 de la ley, que deja fuera gran parte de la información que en la inmensa mayoría de los países es pública. Ese artículo excluye la «información auxiliar o de apoyo como son las notas, borradores, opiniones, sumarios, y comunicaciones e informes internos compartidos dentro o entre los organismos públicos». Como no se define en la ley qué es un borrador o un informe interno, la práctica puede llevar a que solo se convierta en transparente aquella información que ya lo es. Y el BOE ya lo podemos leer por Internet.
En cuanto a mantener secretas las comunicaciones, les pido que sean ambiciosos y se fijen en lo que ya hacen otros países con democracias más consolidadas. Llevan haciéndolo décadas y les ha ido bien. El presidente de los Estados Unidos no puede mandar un correo electrónico que no quede registrado y que, en algún momento, se hará público, aunque sea dentro de 25 años. En España han pasado ya 32 años desde el golpe de Estado del 23 F y aún no conocemos, por ejemplo, la lista de llamadas telefónicas que salieron desde este Parlamento en ese terrible día. En una democracia, ninguna información debería ser tan sensible como para permanecer en secreto por los siglos de los siglos.
Tampoco puede ser secreta la agenda de los cargos públicos. En Estados Unidos no serían aceptables esas reuniones secretas de representantes políticos. Su agenda es pública y también se publica la lista de todas las personas que visitan la Casa Blanca. Aquí no sabemos qué hace el presidente. Hay semanas en las que solo aparecen una o dos citas en su agenda pública, y obviamente hace muchas cosas más. Es algo que pasa con el actual presidente Gobierno pero que pasaba igual con el anterior. Y en su mano, señorías, está que no pueda suceder.
Tampoco puede ser secreta la agenda de los cargos públicos
Sé que a muchos políticos les preocupa una transparencia tan ambiciosa porque creen –algunos me lo han dicho, en privado, en»off the record»– que hay cosas que no se pueden explicar. Ahí está el truco: lo que no se puede explicar, no se puede hacer. Por eso la transparencia funciona.
Les pido que amplíen el ámbito de alcance de su ley para que todos los organismos públicos, absolutamente todos, estén sometidos a la transparencia. También el Tribunal de Cuentas. O el Consejo de Estado. O la Casa Real, sin ningún trato de favor. O el Banco de España, especialmente el Banco de España. Igual que sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal, donde incluso son públicas las actas de las reuniones de sus consejeros. Un país que se ha visto obligado a rescatar con dinero público a gran parte de su sector financiero necesita estas herramientas para que un colapso de este calibre no se vuelva a repetir. El Banco de España debería ser transparente en cualquier caso, pero después de que España se haya visto obligada a solicitar un rescate para el sector financiero, con más razón aún.
También es importante otro aspecto que no han querido añadir a la ley: que la Agencia Estatal de Transparencia sea completamente independiente del Gobierno y que sus poderes y atribuciones sean amplios y queden garantizados por la ley, no por un reglamento de menor rango. De poco sirve una ley si no se cumple, y sin un supervisor independiente que vele por ello, es dudoso que la ley se pueda cumplir.
Les pondré un ejemplo. Esta misma cámara, el Congreso de los Diputados, incumple su propio reglamento. La mesa del Congreso está obligada, según el artículo 31.1.2, a presentar anualmente un informe de cumplimiento presupuestario ante el pleno. El reglamento está en vigor desde hace más de treinta años, desde 1982, y no se ha cumplido en este punto ni un solo año.
Como no detallan sus cuentas, los ciudadanos tampoco sabemos cuánto gastan sus señorías en viajes. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no abusa de ellos. Pero si un diputado se propasa en estos gastos de viajes, nunca lo sabremos por el secretismo con el que ustedes gestionan sus propias cuentas. La imagen de todos ustedes se deteriora por el abuso de unos pocos.
Y una última petición. Incluso si aprueban la mejor ley posible, no será suficiente si los partidos y los políticos mantienen la opacidad en sus relaciones con la prensa. Sé lo injusto que resulta ese discurso, tan repetido, que dice que todos los políticos y todos los partidos son iguales. Sé que no es verdad. Pero no vale de mucho que aprueban una ley de transparencia si después se niegan a una transparencia tan básica como responder regularmente a las preguntas de los periodistas en ruedas de prensa dignas de tal nombre.
Muchas gracias.
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Ignacio Escolar