Deberíamos reflexionar, dejando a un lado la procedencia política o religiosa de cada uno, sobre la importancia de preservar la vida e identidad de la mujer.
En el año 1976, cuando en España el aborto estaba prohibido, morían de 200 a 400 mujeres al año de los 100.000 abortos que se practicaban en nuestro país. Tras el verano de 1985, y la aprobación por parte del Partido Socialista Obrero Español de la ley de indicaciones de plazos y la despenalización del aborto, bajó la mortalidad de las mujeres en España al 0.6%.
No se pueden defender los derechos del no nacido vulnerando los derechos de la madre
Con la inminente modificación de la ley del aborto, por parte de Gallardón, acabará con el derecho a decidir de la mujer y se penalizará tal decisión, aún con riesgo de la vida de la madre. No se pueden defender los derechos del no nacido vulnerando los derechos de la madre.
Cuando en este país se tiene en cuenta las exigencias de Rouco Varela, al exigir la eliminación del aborto y el matrimonio homosexual, y de los lobbies de poder de la derecha, se tambalean los principios básicos de la democracia, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral del individuo, todo ello recogido en la Constitución de 1978. Gallardón pretende vulnerar los derechos fundamentales de libertad y de integridad física al obligar a la mujer a continuar con un embarazo de alto riesgo para su salud, aún con resultado de muerte, ¿Esto es moral?.
En la ley 2/2010 del 3 de marzo de 2010, Ley orgánica de Salud sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se garantiza los derechos del no nacido, algo que el Partido Popular se ha encargado de falsear. El texto dice así: “La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada.”
Un 72% de mujeres, con la previsible modificación de la ley del aborto, seguirán interrumpiendo el embarazo igualmente, pero sin garantías de seguridad, ya que Gallardón las estaría condenando a un aborto clandestino. 8,5 millones de mujeres (tasa mundial) tienen una complicación en la interrupción del embarazo y requieren atención especializada. El 13% de la mortalidad en mujeres en todo el mundo se debe a los abortos no seguros, clandestinos.
Las mujeres de este país no nos merecemos regresar al código penal por ejercer nuestro derecho a decidir en libertad
Con todos estos datos nos dejan unas líneas claras del problema al cual nos enfrentamos. Cuanto más restrictiva es la ley, mayor es la tasa de abortos inseguros, y dan como resultado secuelas graves de por vida o la muerte de la mujer.
La mujer adopta la decisión de abortar o no, una vez que ha sido informada de las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención.
España es un país que no puede ser condenado a regresar a los años 70, España no merece un retroceso de 40 años, y ante todo, las mujeres de este país no nos merecemos regresar al código penal por ejercer nuestro derecho a decidir en libertad.
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