Los barones del PP han decidido ir tomando posiciones. La negociación del déficit para las autonomías está en ciernes y no se presenta fácil. Salvo en situaciones de abundancia -que no es el caso- hacer cuentas puede resultar hasta un ejercicio gratificante, pero en las actuales circunstancias, además de tener el siempre antipático ejercicio de establecer prioridades, resulta que el Gobierno quiere la máxima disciplina en el gasto. En términos generales hay que afirmar que las autonomías han hecho sus deberes. En todas ellas se han ajustado gastos, se han hecho recortes y hoy sus cuentas están más saneadas que hace un año. Pero el esfuerzo no ha sido pequeño y los ciudadanos lo saben mejor que nadie. Pero no sólo ellos. También los responsables políticos de cada autonomía han pasado sus sudores en términos de opinión pública. Todos ellos son presas del desgaste y aunque en público ninguno de ellos se ha lamentado de su suerte, lo cierto es que buscan un poco de oxígeno.
¿Cómo hacer entender a los españoles que Cataluña vaya a tener un margen que no van a tener las demás cuando, además, quieren separarse de España?
La inmensa mayoría acepta como hecho inevitable continuar con una política de austeridad pero algunos se temen que, a la hora de la verdad, puedan establecerse diferencias. Lo que se llama «financiación asimétrica». El que con más claridad ha levantado la bandera de la igualdad ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid que ya ha anunciado que en el momento de decidir votará en contra si no hay un trato igual para todas las autonomías, el mismo nivel de exigencia. Se han unido otros como Luisa Fernandez Rudí o el presidente de Extremadura. María Dolores de Cospedal que en Castilla -La Mancha ha metido la tijera sin que le tiemblen las piernas se ha sumado al criterio de igualdad.
Sin embargo, el Gobierno tendrá que templar y acordar con ellos y con los que apuestan por la asimetría que no sólo es Cataluña. También lo es la Comunidad Valenciana o Baleares; es decir, prácticamente todo el arco mediterráneo en donde la cultura del ladrillo hizo su agosto.
¿Puede el Gobierno dejar en situación casi imposible a determinadas autonomías cuyo peso en el PIB es bien relevante? No tener presente la situación imposible de Cataluña o Valencia sería un suicidio. Ambas comunidades forman parte de España y de ambas responde el Gobierno. Ambas contribuyen para bien o para mal en las cuentas finales del Reino de España.
Es obvio que en este debate interfiere de lleno el debate soberanista de Cataluña. ¿Cómo hacer entender al conjunto de los españoles que Cataluña vaya a tener un margen que no van a tener las demás cuando, además, quieren separarse de España? La deriva de Mas es una deriva suicida, pero en palabras de Rajoy, el como presidente del Gobierno, se siente concernido por todo lo que ocurre a todos los españoles.
Esta por ver cuál vaya a ser el resultado final del encuentro de ayer de Rajoy con sindicatos y patronal, pero si hay algo seguro es que el espinoso asunto de la financiación autonómica tendrá solución. El Gobierno no puede soliviantar a sus barones que además han cumplido ni dejar a un paso de la quiebra a Cataluña o Valencia. Ignacio González aporta como solución que ese mayor margen corra a cargo del Estado «pero no de nuestros esfuerzos» y algunos, próximos al ejecutivo, apuestan por una mini-intervención de las autonomías que defienden la «asimetría», de manera que el margen más amplio que se les pueda dar tenga un carácter «finalista» y con cláusulas de «recomendaciones concretas, por no hablar de exigencias, para que esa asimetría sea posible».
Los barones van tomando posiciones y entre los que rechazan la asimetría y entre los que la defienden, han organizado un auténtico «sudoku» que sólo Rajoy y no Montoro tendrá que resolver. Estos laberintos no se le dan mal al presidente. Repasen la historia más próxima y lo comprobarán.
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Charo Zarzalejos