El «vuelva usted mañana», las colas y el exasperante papeleo de la administración se podría desterrar si, finalmente, se llevara a buen término la cacareada reforma de las administraciones públicas, que el Gobierno piensa poner en marcha. Además si las cosas salen según lo previsto se calcula que hasta su completa implantación, en el 2015, la reforma generará un ahorro de 6500 millones a las administraciones públicas y al ciudadano 16.300 millones más. Claro que para que esto sea algo más que una buena idea, llena de buenos propósitos, tendrán que colaborar las autonomías y eso es harina de otro costal. De hecho, muchas de las medidas que se han aprobado dependen de la voluntad de las comunidades autónomas a las que se les ha ofrecido una serie de recomendaciones y sugerencias, incluyendo un total de 120 medidas sobre duplicidades que generan burocracia y que se pueden y deberían evitar. Embajadas, observatorios, defensores del pueblo, tribunales de cuenta o agencias de protección de datos son algunas de las cosas que se cubren perfectamente con la garantía del Estado y por lo tanto los gobiernos autonómicos deberían suprimir sin más.
Los partidos han utilizado esas estructuras para colocar a sus militantes, enchufados y protegidos
El problema que plantean algunos es la eliminación de puestos de trabajo, lo que generaría aún más paro y ¡claro! que ese riesgo existe, pero se podrían evitar trasladando a los funcionarios de esos organismos a otras administraciones. Me temo que la oposición política que pueden tener las distintas autonomías para eliminar organismos superfluos, no es precisamente porque les inquiete que los funcionarios pierdan sus puestos de trabajo, sino que va por otros derroteros. A nadie se le escapa que los partidos han utilizado esas estructuras para colocar a sus militantes, enchufados y protegidos y por lo tanto me temo que se van a resistir como gato panza arriba a que sean eliminadas.
Además, como las comunidades tienen autonomía de gestión, el plan del Gobierno puede recomendar que se eliminen cuantos organismos crea que no aportan nada, pero no puede imponer que sean suprimidos por lo que el asunto queda en manos de la buena voluntad de los presidentes autonómicos. De entrada, los presidentes del PP deberían comprometerse a sacar el plan adelante y eso pondría en evidencia a los nacionalistas, que es de prever y casi de manual que se negaran a aplicarlo, apelando como hacen siempre a que no aceptarán una injerencia del gobierno central en algo que por ley no le corresponde.
Esta reforma prevé, igualmente, la aplicación de una administración electrónica donde la gran mayoría de gestiones podrían realizarse por Internet. Todos los documentos podrían obtenerse mediante una cita previa electrónica y las notificaciones se realizarían a través de este procedimiento eliminando la ventanilla y el papel. De ser así, esto es auténtica revolución que ahorraría no sólo dinero sino tiempo y evitaría la indignación que provoca en todos los ciudadanos el célebre «vuelva usted mañana» y las interminables colas a la hora de resolver cualquier asunto oficial.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en la presentación oficial del asunto que el objetivo del Gobierno es hacer una administración «más racional, más eficaz y eficiente» así como que «funciona mejor» y de una «manera más barata». Eso sería lo ideal y, de hecho, esta tal vez sea una de las reformas más importantes que se debatirán en esta legislatura. Todos los expertos, de cualquier signo ideológico, coinciden en señalar que nuestra administración es elefantiásica, cara, lenta y poco eficaz, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato. Ahora es una buena ocasión de demostrar que las palabras no se las lleva siempre el viento.
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Esther Esteban