¿Cómo es posible que nadie se enterara de la bomba de relojería que ha resultado ser Luis Bárcenas? ¿Cómo es posible que durante años y años nadie intuyera su especial inteligencia para mover tantos millones? Esto es lo que se pregunta mucha gente. Algunos, muchos, llegan a la conclusión de que no se ha tratado de falta de vigilancia, sino de connivencia pura y dura; es decir, complicidad. Mientras uno se hacía rico, el PP llenaba su caja con financiación ilegal. Esta y no otra es la conclusión a la que han llegado muchos españoles de manera absolutamente apriorística, como si todavía no nos esperara más de una sorpresa. Toda cautela es poca, sobre todo cuando los tribunales aún no han hablado.
Si son «mis» imputados son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero si son del adversario están condenados de antemano
¿Cómo es posible que los más altos responsables de la Junta de Andalucía no se enteraran del reparto ilegal, o por lo menos «alegal» de dinero público? ¿Cómo es posible que nunca ninguno de estos altos responsable –Chaves o Griñán, por poner un ejemplo– se interesaran del uso de esa partida presupuestaria de algo más de 1000 millones? ¿Se enteró alguna vez Felipe González del entramado de Filesa? ¿Nunca supo nada de cómo se organizaron los GAL? ¿Qué ocurrió en el 93 para que el PSOE, con la ayuda de CiU, impidiera que el entonces presidente compareciera en el Congreso? ¿Por qué entonces esta negativa fue considerada por el PP como un desprecio al Parlamento y ahora se lleva las manos a la cabeza porque piden que Rajoy comparezca? A día de hoy, son también muchos los convencidos de que los ERE de Andalucía ha sido una trama amparada por los altos responsables políticos. Hoy, todavía, no sabemos que hubiera dicho Felipe González en el 93 si su partido no le hubiera blindado ante la Oposición.
Con tanta interrogante no se trata de equiparar asuntos, pero la evidencia demuestra que la reacción política es siempre la misma o muy parecida, aunque, por lo menos, Rajoy en febrero empeñó su palabra –es mucho empeñar– por la limpieza de su partido. Estas interrogantes se pueden aplicar cuando de imputados se trata. Si son «mis» imputados son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero si son del adversario están condenados de antemano.
De momento, el «asunto Bárcenas» ha roto cualquier puente. El PSOE se debate, aunque con escaso entusiasmo, sobre una eventual moción de censura. A González se la planteó el PP pero quien habló fue Alfonso Guerra. Ahora la pueden presentar pero pudiera ocurrir que quien respondiera y es solo un decir, Soraya Sáenz de Santamaría. Cuando un presidente no quiere hablar, no habla. La historia nos lo demuestra.
Los silencios presidenciales nunca los han administrado los demás, pero el paso del tiempo, la experiencia acumulada debería llevar a establecer normas de actuación y de exigencia. ¿Un imputado debe dimitir o hay que esperar a la apertura del juicio oral? ¿Dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad «in vigilando»? ¿Tiene un presidente de Partido o de Gobierno la obligación de controlar todos y cada uno de los movimientos de sus subordinados, de todos sus consejeros y ministros? Si la tiene, que se establezca, que se plasme en una norma «de obligado cumplimiento» y que todos actúen en consecuencia.
Si todas estas cuestiones no estuvieran, como están, al albur de la voluntad de los afectados, nos evitaríamos muchos debates, muchos desencuentros y muchas sospechas y zozobras. Y es que a los españoles ya no nos cabe un culebrón más porque ¿saben?, rara vez ocurre algo que antes no haya sucedido.
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Charo Zarzalejos