España ha fracasado en su primer proyecto democrático sólido de su historia. Quien tenga capacidad de percepción podrá comprobar que todo lo esencial para estructurar un estado democrático moderno se diluye como un azucarillo en agua caliente. No estamos solo ante una crisis económica y social. Todas las instituciones del Estado carecen de cimientos para recuperar una normalidad transitable.
España es un estado en donde algunos, bastantes ciudadanos, no tienen claras sus fronteras. Una parte importante de la nación está planteando, como un desafío, su independencia. El planteamiento secesionista en Cataluña se está llevando por delante el modelo de partidos que le han dado estabilidad durante la transición.
Otra comunidad autónoma, Euskadi, puede ser gobernada por los herederos políticos de ETA, y no es descartable que se sume a la ola de la independencia.
Las instituciones del Estado, desde la jefatura a los ayuntamientos, carecen de reconocimiento ciudadano en una marea de desafección sin precedentes. El efecto económico de las medidas para atajar la crisis están acrecentando las diferencias de renta y han sumido a millones de españoles en la pobreza, en un universo de seis millones de desempleados.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son zarandeados cada vez que una resolución no coincide con un grupo ciudadano que denuncia que son instituciones politizadas.
Los sindicatos están mermados, desacreditas y con su legitimidad cuestionada por grupos políticos y por una mayoría de los ciudadanos.
Las encuestas y los estudios demoscópicos determinan un final de modelo parlamentario y político.
Los empresarios no están mejor. El expresidentes de la CEOE está en prisión condicional acusado de gravísimos delitos económicos, sin que la cúpula que lo ha sustituido haya realizado una autocrítica sobre esos comportamientos.
La hija del Rey de España, la Infanta Cristina, yace bajo sospecha de graves delitos económicos de los que ya está imputado su marido. El Rey, con una salud precaria, mantiene en vilo a la clase política entre las demandas de abdicación y la incógnita de cómo se producirá la transición de la Corona en la figura del Príncipe Felipe,
Los escándalos de corrupción política necesitarían un vademecum para seguirlos con detenimiento. Y la punta de lanza, en este momento, son el caso Bárcenas y los ERE de Andalucía, en donde están complicados los dos grandes partidos de la democracia española.
Las encuestas y los estudios demoscópicos determinan un final de modelo parlamentario y político. El partido en el Gobierno está en una fosa de desafección y el de la oposición no remonta desde los resultados más bajos de su historia.
Con el desafío independentista en Cataluña, que tiene como tímidas respuestas la aplicación mecánica de la Constitución y una formulación ambigua sobre la reforma constitucional que establezca un estado federal, no hay recetas que se vislumbren en una situación de tensión permanente entre el Gobierno de la Generalitat y las instituciones del estado.
Desde la razón, la respuesta a tantos retos superpuestos solo puede ser global, planteada desde grandes consensos políticos y sociales, y con el objetivo de refundar la democracia española. No se ve a ningún estadista capaz de transformar los puros impulsos electorales en vectores de largo plazo capaces de hacer frente a estos desafíos.
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Carlos Carnicero